De los 800 usuarios de centros geriátricos privados afectados por la acreditación que exige la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, alrededor de un 12% -entre 100 y 120 mayores a decir del viceconsejero- se verán en la tesitura de cambiar de residencia.
Son aquellas personas que perciben prestaciones derivadas de la Ley de la Dependencia y que ocupan plazas concertadas con el Principado en una residencia privada que no ha solicitado la acreditación de calidad.
El plazo de entrada en vigor del sello comenzó el 7 de diciembre, si bien los servicios técnicos de la consejería tienen hasta el 7 de junio para ratificarlo. Hasta entonces, el mero hecho de haberlo solicitado les confiere marchamo de centro acreditado.
A ese centenar largo de personas es al que ha querido tranquilizar Ángel González al asegurar que «el cambio no se producirá de un día para otro. Cada caso se estudiará de forma individualizada, se revisará el Plan Individual de Atención con el usuario o con su familia y buscaremos la solución más adecuada. Hay que entender que estamos en un periodo de transición».
El viceconsejero no obvió, sin embargo, que el mayor número de centros geriátricos se encuentra en el centro de Asturias. «Es un número pequeño y no habrá dificultades», añadió.
No obstante, el resultado de esta primera parte del proceso ha sido altamente satisfactorio.
A pesar de la alarma generada entre las residencias privadas por la aplicación de esta parte de la Ley de la Dependencia, y tras haber fallado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en su contra, los días previos al 7 de diciembre se produjo una auténtica avalancha de solicitudes, que hicieron que el número de las presentadas sumara entre un 85 y un 90% del total de los casi 250 centros existentes. De hecho, las aproximadamente 220 residencias que se han sometido al control de calidad suman más de 8.000 plazas.
Hasta seis meses de plazo
Desde el pasado 7 de diciembre, el Principado cuenta con tres meses de plazo para comprobar la documentación presentada y realizar las inspecciones correspondientes que conviertan en definitivo el sello de calidad provisional del que ahora disponen. «Los servicios de inspección aplicarán criterios de rigor y flexibilidad.
Se valorarán, además de la documentación presentada, las instalaciones, las salas de trabajo y de terapia, el personal y su formación, la ratio en función del grado de dependencia, la participación de pacientes y familiares, y el respeto a los derechos de los usuarios», manifestó Ángel González, quien añadió que, ante el volumen de las solicitudes, los tres meses de plazo para la resolución administrativa podrían verse ampliados en otros tres, lo que dejaría en el 7 de junio la fecha final de la regularización de los centros geriátricos privados asturianos.
No desperdició la ocasión el viceconsejero de Bienestar Social y Vivienda para resaltar que Asturias es la única comunidad autónoma que ha ejecutado esta acreditación de calidad que recoge la Ley de la Dependencia y Autonomía Personal «tres años después de haberse aprobado».
La resolución afecta a los centros privados porque los de titularidad pública «cumplen los requisitos reconocidos en la resolución», señaló Ángel González, quien, no obstante, señaló que «se les realizará un examen más profundo» con el fin de acometer «las actuaciones puntuales que fueran necesarias». Pero son menos centros, aunque afectan a más usuarios: una media de entre 100 y 120 plazas por residencia. Todo lo contrario que los privados, de los que el 60% cuenta con menos de 50 plazas.
Fuente : elcomerciodigital.com
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