Denuncia recorte de ayuda en un caso de gran dependencia
Bienestar Social reducirá en más de 180 euros la prestación a una mujer que cuida a su padre, al que los médicos han reconocido una discapacidad del 92%
La leucoencefalopatía es una enfermedad devastadora que devora la sustancia blanca del cerebro. La padece desde 2006 Joaquín Vega, un anciano del Cerro del Moro que sufre desde entonces infartos múltiples, apenas tiene capacidad de habla, se cae habitualmente, grita, sangra, alucina.
Joaquín tiene una única cuidadora, Carmen, su hija, atrapada en un piso, que hace años abandonó su trabajo para dedicarse a su padre. Carmen es una luchadora, utiliza como buenamente puede el sentido del humor y arrastra una tarea "de 24 horas diarias los siete días a la semana. No puedo ni tomarme una tarde libre".
Se lo reconocen los diagnósticos. La resolución de junio de 2008 fue inapelable. Nos encontrábamos ante un caso de gran dependencia, ya que al paciente se le baremó con un 92% de discapacidad, muy alto.
Esto suponía que por su trabajo de cuidadora la Ley de Dependencia reconocía a Carmen el pago mensual de 493 euros.
Pero todo esto ha cambiado. Una nueva resolución de la delegación de Bienestar Social decidió reenviar a Joaquín al inicio de su enfermedad, cuando el baremo era de un 58% de dependencia y un 78% de minusvalía.
Esto supone que a partir del próximo mes Carmen percibirá 311,94 euros.
Carmen afirma ser una mujer sin recursos. La pensión de su padre, que trabajaba de pintor, es de 577 euros, a los que se suman los 493 euros de la Ley de Dependencia. Con ese dinero, según se lo han reconocido los médicos, Carmen mantiene a su padre en un estado de higiene y nutrición impecable. Según ella, "el médico que sigue a mi padre me dice que ese cuidado significa algo de estabilización en su enfermedad porque, al parecer, él ve a muchos otros en un estado de deterioro lamentable por el descuido que sufren".
El recorte que ahora impone Bienestar Social supone un tijeretazo económico y un tijeretazo moral, según denuncia Carmen, a la que ya no quedan más recursos administrativos para defender su ayuda.
Los siguientes pasos tienen que ser contencioso-administrativos "y cada recurso de alzada me cuesta 250 euros. Por defender lo que es mío, lo que dice la Ley que ellos han aprobado, tengo que gastarme el dinero que no tengo y por cada papel que presento tengo que esperar meses".
El lenguaje administrativo que utiliza la delegación provincial para explicar el recorte de ayuda en su resolución del pasado agosto es digna de análisis.
Esta resolución responde al recurso presentado por Carmen contra otra resolución de un año anterior. "Es chocarse contra un muro". Y lo es porque en estas dos resoluciones no se habla en ningún momento del recorte de la prestación, sino de la confirmación de la ayuda aprobada siguiendo la primera baremación del paciente, que, en una enfermedad degenerativa, no va a mejor, naturalmente, sino a peor.
Acaba la resolución desestimando el recurso y "confirmando el derecho a la prestación económica para cuidados del entorno familiar, modificándose la cuantía de la misma con fecha de efectos de junio de 2008, tras resolución recaída en procedimiento de revisión de grado y nivel de grado por las que se le reconoce un grado y un nivel superior al inicialmente otorgado, confirmando la resolución recurrida".
Este farragoso párrafo significa, simplemente, que Carmen se queda con 182 euros menos al mes.
Fuente : diariodecadiz.es
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