El tiempo se agota y las grandes promesas electorales de Aguirre en materia sanitaria tienen pocos visos de hacerse realidad.
Es más que probable, por ejemplo, que la oposición le recuerde durante el debate que no conseguirá abrir los cuatro hospitales que prometió para esta legislatura.
El de Torrejón de Ardoz va más adelantado. Del resto, Carabanchel está directamente descartado.
Aguirre ha dicho que no hay necesidad de construirlo ahora que está a punto de cerrar un acuerdo con Defensa para que algo más de 100.000 habitantes de Carabanchel y Latina puedan acudir al Hospital General de la Defensa Gómez Ulla.
El de Collado Villalba se ha adjudicado este verano y el de Móstoles no llegará hasta 2012, según admitía el folleto que entregó Sanidad en junio pasado.
Aguirre no escatimó promesas sanitarias en la campaña de 2007.
Dijo que construiría 55 nuevos centros de salud, pero se antoja una tarea titánica.
Solo lleva 13 inaugurados, aunque Sanidad asegura que hay otros 24 más en obras o en ejecución.
La cifra de los 55 hace meses que no aparece en discursos oficiales.
El consejero, Javier Fernández-Lasquetty, y la propia Aguirre prefieren hablar de "68 centros de salud construidos desde 2003".
En año de crisis y con la presidenta hablando día sí, día también de apretarse el cinturón, era previsible no poder cumplir los objetivos.
Sin embargo, Sanidad nunca ha querido reconocerlo.
Además de la crisis, este curso ha estado marcado por el cambio de consejero. Juan José Güemes abandonó el barco en marzo. Su relevo, Fernández-Lasquetty, no lo tenía nada fácil. Ya entonces estaba claro que las promesas no se iban a hacer realidad. Y le dejaba otra patata caliente: la Ley de libertad de elección y área única, muy criticada entre los colectivos sanitarios. Pese a que debía estar en marcha el año pasado, aún no se ha hecho efectiva. La última fecha es el 15 de octubre para elegir médico de familia y enfermera, y el 1 de diciembre para el especialista.
En el flanco de los Asuntos Sociales, está claro que la diana de la oposición en el debate será el pobre desarrollo que ha hecho Madrid de la Ley de Dependencia.
La región está a la cola, con la Comunidad Valenciana y Baleares, en número de personas atendidas con relación a la población.
No llegan al 1%, cuando la media nacional es del 1,31%.
El Defensor del Pueblo dedicó unas líneas de su último informe a destacar los retrasos en la aplicación de la ley en Valencia y Madrid.
Fuente : elpais.com
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