MADRID - 22.000 DEPENDIENTES SIGUEN SIN RECIBIR AYUDA

Más de 22.000 'dependientes' siguen sin recibir ayuda del Gobierno Aguirre

Después de casi cuatro de que se aprobara la 'ley de dependencia', la Comunidad de Madrid sigue estando a la cola con respecto a otras regiones. La consejera de Asuntos Sociales volvió este lunes a escuchar las quejas y las reivindicaciones de los agentes sociales ante la "pésima" situación.

Hace ya cuatro años (noviembre de 2006) que el Congreso de los Diputados aprobó la La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias, conocida popularmente como ‘ley de dependencia’, y aún hay mucho por hacer, principalmente por parte de las administraciones autonómicas obligadas a cofinanciar la nueva normativa que –hay que recordar- contó con el apoyo del PP.

Sin embargo, algunas de las comunidades gobernadas por este partido siguen resistiéndose a aplicar en toda su extensión una ley que garantiza un derecho y que está considera como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

Este es el caso de Madrid tal y como queda demostrado en algunos informes y en los propios datos aportados por la Administración central, datos que, según el Gobierno de Esperanza Aguirre, no se corresponden con la realidad, aunque tampoco pueden compararse ya que la Comunidad se niega a dar las cifras que ellos manejan.

Así lo denuncia la secretaria de Política Social de CCOO de Madrid, Ana González, que una vez más insistió, en la reunión que este lunes mantuvo con la consejera de Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, en la necesidad de que el Ejecutivo maneje sus propias cifras y las dé a conocer.

La consejera recibió hoy a los miembros del Observatorio Social de la Dependencia, creado el pasado mes de mayo y al que pertenecen CCOO y UGT de Madrid, CECU Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.

Los portavoces de estas organizaciones pusieron nuevamente sobre la mesa la exigencia de “negociación y desarrollo para la aplicación de la ley, así como un plan de choque para la construcción de residencias y centros de día públicos, con la dotación presupuestaria suficiente.

En Madrid, el 36% de los ciudadanos con este derecho reconocido siguen sin percibir las ayudas, un total de 22.416 madrileños.

Según datos oficiales proporcionados por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con fecha 1 de septiembre, sólo hay 39.115 personas que están recibiendo prestaciones o servicios de las 61.531que serían beneficiadas. Además, se han presentado 107.883 solicitudes de reconocimiento de situación de dependencia.

Para las organizaciones que integran el Observatorio el problema no es sólo de falta de financiación sino de control y gestión del servicio. Por ello, piden al Gobierno de Aguirre, como “paso fundamental”, la creación de un Comité Consultivo Regional, con la participación de los agentes económicos y sociales y la creación de un Observatorio Permanente de la Dependencia que permita la elaboración de mapas de necesidades.

Así se lo hicieron llegar a la consejera del ramo que se comprometió a estudiar la iniciativa que aportará un mayor control y transparencia dada la complejidad que comporta la implantación de la ley y a lo que no es ajeno el propio Observatorio.

Entre las cuestiones que más desacuerdo ha generado entre los agentes sociales y el Ejecutivo autonómico está el llamado ‘cheque servicio’ que la ley contempla pero sólo en casos excepcionales (cuando la administración autonómica no puede hacerse cargo) y que consiste en aportar una cantidad de dinero al dependiente para que él contrate el servicio a una empresa privada.

Es lo que la consejera denomina ‘tarjeta monedero’, una fórmula por la que sigue apostando el Gobierno de Aguirre y que la responsable de Comisiones Obreras califica de “perversión de la ley” ya que la participación de la iniciativa privada debe ser complementaria y subsidiaria de la gestión directa.

De hecho, de las 39.115 personas que están siendo beneficiadas, 18.505 reciben atención residencial y 8.120 directamente una prestación económica.

Es más, los sindicatos insisten en el gran impacto que puede suponer para el empleo en la región la implantación de la ley por la que se podrían crear 50.000 nuevos puestos de trabajo aparte de las ya 40.000 personas vinculadas laboralmente con este sector, “un sector estratégico –afirman los sindicatos- para salir de la crisis y para la articulación de un nuevo modelo productivo en la región”.

Fuente : nuevatribuna.es