BURGOS - SERVICIOS SOCIALES SELLA MÁS DE 300 PETICIONES

Servicios Sociales sella más de 300 peticiones de ayuda a dependientes

Desde la entrada en vigor de la Ley en el año 2007 se han tramitado en el Ayuntamiento mirandés 630 expedientes, mayoritariamente de personas con alto grado de dependencia

Por el momento las ayudas que se han tramitado son para personas gravemente dependientes.

Las ayudas que establece la Ley de Dependencia se acercan poco a poco al ciudadano.

El departamento municipal de Servicios Sociales recibió durante el año que acabamos de dejar atrás más de 300 solicitudes de mirandeses para acogerse a las distintas subvenciones y servicios que se ofrecen.
En total, ya son 630 los casos que se han gestionado desde que la nueva normativa entrara en vigor a mediados de 2007.

Pero el Ayuntamiento no es la única vía para acceder a la cartera de ayudas que dispensa la Administración para aquellas personas en situación de dependencia. También puede gestionarse desde las residencias de mayores o incluso acudiendo a la propia delegación de la Junta.

En este sentido, desde el organismo regional no se han facilitado a este periódico las cifras correspondientes al número total de personas que ya disfrutan de los servicios de esta normativa.

Ciñéndonos por tanto a la información aportada desde el Ayuntamiento, la concejala de Servicios Sociales puntualiza que esta Ley no se dirige únicamente a ancianos. «Es un error que comete mucha gente. Está dirigida a aquellos que no se valen por sí mismos en las labores diarias, como lavarse, vestirse, comer o desplazarse, y pueden ser incluso menores de edad», ejemplifica Conchi Ortega.

La situación de dependencia y su grado y nivel lo determina la Administración pública. Lo primero es solicitar esta valoración ya sea a través de Servicios Sociales o de la Junta de Castilla y León. Ellos serán los que elaboren un estudio personal (BVD) y un informe social. En Miranda, se han realizado 326 y 411 respectivamente.

Esperas
Estos trámites obligatorios suponen unos cuantos meses de espera para las familias, aunque según admite Ortega «estamos en la media nacional en cuanto a dictámenes, es lo normal». Con la resolución se informa de las opciones que se disponen según el grado de dependencia. Existen un máximo de ocho y por el momento sólo se ha podido ofrecer servicios a grandes dependientes y dependientes severos.

En teoría, a partir de este año se comenzará también a facilitar servicios a dependientes moderados en grado 1; es decir, cuando una persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. A veces las familias tienen claro qué opción se adecua más a sus necesidades, pero en otras ocasiones necesitan un apoyo y un guía. En Miranda, se han atendido hasta 48 consultas de este tipo.

Existen dos tipos de prestaciones, la de servicios (incluye teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y atención residencial) y la económica. Esta última opción ha sido elegida en el conjunto de la provincia por 1.845 personas, es decir, el 35,5% del total. Según explica Ortega, esta opción fue elegida al principio por mucha gente «porque la ley en este caso funciona con efecto retroactivo»; es decir, si un familiar u otra persona cuida de un dependiente, la Administración te abona una cantidad desde la fecha de solicitud y que depende de los ingresos económicos (lo máximo son algo más de 800 euros mensuales).

Carencias
No obstante, para la concejala mirandesa lo importante son los servicios «y la excepcionalidad tendría que ser que te den un dinero para que pagar una residencia privada o para que la familia o alguien contratado cuide de esa persona». El problema es que en Castilla y León existen pocos centros públicos para atender la demanda. «En la comunidad la media de prestaciones vinculadas al servicio está en el 22%, mientras que en el conjunto del país es del 6,69%. Hacen falta más centros públicos para que esto sea la excepción y no la norma», dice.

Fuente : diariodeburgos.es