MADRID - EL AFÁN PRIVATIZADOR DE AGUIRRE

Pretende que agentes de seguros evalúen y asignen las ayudas

El afan privatizador de Aguirre llega a la Ley de Dependencia


La Comunidad de Madrid continúa estando a la cola de las regiones a la hora de aplicar la Ley de Dependencia y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, justificó ayer estos retrasos achacándolos a la falta de funcionarios públicos que evalúen el grado de dependencia de quienes solicitan las ayudas.

En su opinión, la solución a estos retrasos en el reparto de la ayudas pasa por la privatización: la lideresa quiere que agentes privados sean los encargados de asignar las ayudas.

El afán privatizador de Esperanza Aguirre ha llegado también hasta la Ley de Dependencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya región está a la cola de España en el reparto y la gestión de las ayudas que corresponden a las personas dependientes, alegó ayer que el “probable” retraso en la implantación de la norma se debe a que no hay suficientes trabajadores públicos para tramitar los expedientes de los posibles beneficiarios de la norma.

Agentes privados en lugar de funcionarios
Según alegó en al rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, el Ejecutivo regional hubiera preferido que la valoración de los casos “pudieran hacerla las personas que están en compañías de seguros y agencias especializadas en esto”, algo que la ley no permite. Según dijo Aguirre, la norma “ha impuesto que tenga que valorarlos funcionarios y no hay tantos”, pese a que la región ha incrementado su plantilla “de una manera sustancial, casi 100 funcionarios”.

"Balones fuera para evitar su responsabilidad"
El coordinador general de IU en Madrid, Gregorio Gordo, contradijo estas palabras y aseguró que en diciembre de 2009 “solo había poco más de 60 personas” dedicadas a “atender 52.049 solicitudes” de personas dependientes. La portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la coalición, Pepa Amat, denunció también que tres años después de la aprobación de la ley, Madrid siga a la cola de su aplicación, solo por detrás de Murcia y Canarias, y recordó que “en el resto de comunidades autónomas la evaluación también la llevan a cabo funcionarios y la Ley de Dependencia se aplica correctamente”. En su opinión, “Aguirre solo echa balones fuera para evitar su responsabilidad”.

"Vergonzoso"
El PSOE, por su parte, consideró “vergonzoso” que la lideresa “responsabilice” a los funcionarios de su “boicot” a la aplicación de la norma y afirmó que el retraso “no se debe a la actuación de los trabajadores públicos, que siguen las instrucciones de sus superiores, sino a una decisión política del Gobierno regional de retrasar la aplicación. La portavoz de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera, recordó que “no fue hasta mayo de 2008 que la Comunidad de Madrid aprobó la normativa económica para desarrollar la ley en la región”.

Reducción de otros servicios sociales
Sánchez Acera denunció que “de 200.000 personas que debería haber sido valoradas (…) solo 26.000 de ellas tiene establecido el Programa Individual de Atención, pero muchas de ellas aún no reciben su prestación”. En este sentido, consideró “absolutamente inmoral que la Comunidad no solo no ponga en marcha la ley plenamente, sino que lo poco que está haciendo lo haga a costa de reducir otros servicios sociales”.

¿Inversión de 830 millones?
Sin embargo, durante su comparecencia, Aguirre aseguró que sí está aplicando la norma y afirmó que “la inversión de la Comunidad son 830 millones de euros”, mientras que del Ejecutivo central solo llega una aportación que “no llega a 40” millones. Además, afirmó que en la región “hay muchas prestaciones para todas las personas discapacitadas absolutamente gratuitas y estaban ya antes de la Ley de Dependencia”.

Dimisiones justificadas
No obstante, según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Madrid sigue a la cola de la aplicación de la norma, junto con Murcia, Valencia y Canarias. Según el presidente de este colectivo, José Manuel Ramírez, “los datos, bochornosos, justificarían la dimisión de cualquier cargo”. Según el informe, el 1 de enero un 46 por ciento de los madrileños a los qu ese les ha reconocido la ayuda esperan aún que les llegue la prestación.

Fuente : elplural.com