Las autonomías se comprometen a resolver en 6 meses las solicitudes de la dependencia
Las comunidades autónomas adquirieron ayer en Madrid el compromiso oficial de reducir el tiempo de espera en la resolución de las solicitudes de ayudas y prestaciones de la ley de Dependencia a un máximo de seis meses.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, reconoció que en la actualidad las regiones tardan en valorar los expedientes entre 12 y 18 meses. En Asturias, y según la Consejería de Bienestar Social, el tiempo de espera es de unos 10 meses, y en las alas, donde el número de solicitudes es inferior, está incluso por debajo de los seis meses que el Consejo Territorial de Dependencia se ha propuesto como objetivo. La reducción de los tiempos de resolución de las solicitudes de la dependencia será aun mayor en el caso de los menores de 3 años, para los que se rebaja a un mes.
Trinidad Jiménez destacó el «gran valor político» de este acuerdo y «el firme compromiso político» para que quienes sufren esas demoras sean incorporados al sistema nacional de dependencia cuanto antes.
El compromiso, de todos modos, no se refiere en absoluto al tiempo que transcurre desde que es reconocido el derecho por la Administración hasta que el solicitante percibe efectivamente la prestación.
Según la ministra de Sanidad y Política Social, a 1 de enero de 2010 había en España 743.596 ciudadanos con derecho a percibir las ayudas por dependencia, de las que 258.070 aún continúan esperándola. Hay unas 280.000 personas que reciben una prestación económica para el cuidado familiar, lo que supone casi el 50 por ciento de las prestaciones del sistema.
La consejera de Bienestar Social del Principado, Noemí Martín, planteó la conveniencia de que la aportación del Ministerio para la ley de Dependencia se calcule atendiendo al tipo de prestación que recibe cada beneficiario, no por el grado y nivel de dependencia. La aportación del Estado este año será de 70 a 266 euros por beneficiario, en función de su grado y nivel de dependencia, según Martín. Sin embargo, la Consejera afirma que el coste de cualquier servicio es muy superior. En opinión de la consejera asturiana, los incrementos en la aportación del Estado a la dependencia son «anecdóticos».
Actualmente, según la Consejería, en Asturias hay 10.725 beneficiarios de la ley de Dependencia con prestación reconocida, 5.348 reciben una prestación económica para cuidados familiares; 2.800, atención residencial; 1.033 disfrutan de ayuda a domicilio; 982 cuentan con una prestación vinculada a servicio; 883 son atendidos en un centro de día y 164 disponen de servicio de teleasistencia. En total, en el Principado se ofrecen 11.210 prestaciones y servicios.
Fuente : lne.es
Comunidades Autónomas: ésta tiene silencio administrativo negativo, la otra no; la de allí no reconoce el carácter retroactivo de las prestaciones, esta si; aquella considera compatibles ayudas con servicios como refuerzo, la de más allá, no, los encuentra incompatibles….
ResponderEliminar¿Pero qué es esto?
La ley reconoce un derecho que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad, accesibilidad y reconocimiento de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, para acceder, a las prestaciones y servicios previstos que les correspondan.
La Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Las Comunidades Autónomas son meras colaboradoras en el desarrollo y aportación, en una acción coordinada y cooperativa con el Estado, sin más limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas en la falta de capacidad de obrar que determine la situación de dependencia del interesado.
Chús.