LA LEY HIPOTECA AL SISTEMA DE SALUD

La Ley de Dependencia hipoteca al sistema de salud en 1.480 millones

El sistema público de salud está sirviendo de parachoques ante los desperfectos de la Ley de Dependencia. Las telarañas que arrastra la norma que inaugura el cuarto pilar del Estado del Bienestar han propiciado que el 20% de los enfermos crónicos acabe en los hospitales públicos, en vez de cobijarse bajo el paraguas de la nueva red de protección, en vigor desde hace tres años.

Este traspaso de personas desde el sistema puramente social hacia el sanitario ha originado desde 2007 un coste extra al Sistema Nacional de Salud (SNS) estimado en 1.480 millones, según han revelado a EXPANSIÓN fuentes oficiosas del Imserso.

Estas fuentes añaden que se trata de ciudadanos "dependientes severos o muy graves" que han solicitado una ayuda de la Ley de Dependencia y están a la espera de que su expediente se resuelva por parte de las comunidades. Los centros valoran la transcendencia de cada caso, aunque al tratarse de personas mayores con enfermedades crónicas les resulta complicado enviarles de nuevo a sus casas por lo que les pueda ocurrir.

Con este telón de fondo, desde hace tres años 88.147 personas se han mudado a los hospitales convencionales, en ocasiones durante tres y cuatro semanas, pese a no requerir ninguna intervención quirúrgica o atención médica que justifique su ingreso por tanto tiempo. Cada día en un hospital supone un gasto medio de 560 euros.

El problema financiero
Las comunidades explican estos derroteros por la "insuficiente" financiación del Sistema de Dependencia, al que en 2010 se destinarán 1.581,07 millones, un 36% más que el Presupuesto inicial de 2009. Pese al esfuerzo financiero, nueve de las diecisiete comunidades subrayan que les resulta imposible procurar los cuidados necesarios a los dependientes. De hecho, según el último sondeo de Caser, menos de la mitad de quienes han solicitado una ayuda (46%) la reciben.

Esta nueva grieta en el sistema adelanta el enésimo encontronazo entre las autonomías, encargadas de la gestión práctica de la Ley, y el Estado, que garantiza su financiación mínima. Desde el Ministerio de Sanidad señalan que no tienen "constancia" de que las comunidades estén derivando dependientes a los hospitales y subrayan que la gestión depende de cada una de ellas.

Cabe recordar que el SNS tendrá que pagar este año 130 millones extra debido a la subida del IVA, según un reciente estudio de la Unión Catalana de Hospitales. Y es que con el nuevo año el impuesto de material sanitario subirá de un 7% a un 8% y el general de un 16% a un 18%. El resultado: la nueva factura del IVA superará los 1.750 millones.

El Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (Cermi), en su último examen de la Ley, denuncia que la realidad evidencia que las personas con dependencia "sufren plazos intolerables e inasumibles [de atención]", debido al alargamiento de los procedimientos. No sólo eso, la plataforma que aglutina la voz de los 3,5 millones de discapacitados, reprocha la "opacidad" del sistema que computa el número de pacientes atendidos, a la vez que recrimina que las ayudas queden "condicionadas" por los convenios bilaterales entre el Estado y cada autonomía.

Respecto a los equipos médicos que tiene que valorar el grado de minusvalía, el Cermi alerta de que se han detectado "frecuentes situaciones de absentismo por bajas médicas". Estos vaivenes en las plantillas están provocando que muchos enfermos sean examinados vía telefónica, en vez de presencialmente.

Cuatro suspensos a la Ley de Dependencia
El Ministerio de Sanidad y Política Social que pilota Trinidad Jiménez continúa en el centro de la diana por su gestión de la caótica Ley de Dependencia, cuyas fisuras e irregularidades legales han sido criticadas desde diferentes frentes:

- Informe Fitch. La agencia de ráting advierte al Gobierno que su "autoridad puede ser cuestionada" si no cumplen con las expectativas despertadas por la norma social. Además, la agencia censura el "desgobierno" que hay en las políticas sociales en España, donde van a parar los intereses del Estado, las comunidades y los ayuntamientos.

- Congreso. Los expertos consultados por el Parlamento proponen idear nuevas cuotas "como hacer pagar a los jubilados sus medicamentos o redoblar el IVA" para asegurar la viabilidad del sistema público de dependencia. Alertan de que el reparto de recursos generará agravios entre las comunidades.

- Agencia Estatal de Evaluación. Asume usos ilegales de la Ley. El estudio elaborado por la agencia estatal de políticas públicas, dependiente de Moncloa, pone el grito en el cielo al detectar prácticas "contrarias a la ley" en la aplicación de la norma y "sesgos" en la evaluación de los enfermos por parte de las comunidades para recaudar más recursos.

- Cermi. El Comité de Representantes de personas con discapacidad reprocha en las desigualdades de acceso a la Ley de Dependencia.

Fuente : expansion.com