La lideresa niega a los dependientes plazas públicas en las residencias y a los parados empleo estable
¿Crea Esperanza Aguirre puestos de trabajo privatizando la Ley de Dependencia?
La ecuación ‘enfermedad más remedio igual a cura’ no siempre se cumple.
De hecho, los hay que con estos mismos ingredientes fabrican varias enfermedades y agotan la medicación.
Es el caso de la Comunidad de Madrid. Enfermedad uno: un paro que se incrementa cinco puntos por encima de la media nacional, con especial incidencia en los jóvenes hacen de la provincia la campeona nacional del desempleo. Enfermedad dos: una larga lista de dependientes esperando recibir la prestación correspondiente.
Remedio: utilización de los fondos públicos, en gran medida aportados por el Estado, para crear obra y empleo público, incluida una red de asistencia social a los dependientes. Pues bien, la receta prescrita por Esperanza Aguirre no entiende de lógica. La lideresa -también- ha manipulado torticeramente la Ley de Dependencia introduciéndole un sesgo privatizador.
En Madrid, los dependientes recibirán un ‘cheque residencia’ y podrán elegir a qué institución privada acudir –estas sólo tienen un 20% de ocupación-. Resultado: los parados siguen parados, los dependientes se conforman con un ‘paño de agua’, y el dinero para la dependencia se agota… aunque descansará en los bolsillos de algunos empresarios.
Si ayer salió a la luz que la Comunidad privatizará hasta el sistema de citación médica, hoy El País da cuenta de que el Ejecutivo ha perfeccionado su plan para hacer lo mismo con la Dependencia. Aguirre ya apuntó maneras el pasado 14 de enero, cuando abogó por contratar agentes privados para asignar las ayudas.
Los parados sin trabajo...
Ahora la Comunidad ha dado una nueva vuelta de tuerca y ha decidido manipular la Ley aprobada en 2006, que apuesta por la creación de un sistema público de atención y reserva las ayudas económicas directas “únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado”, según se recoge en el artículo 17. ¿Es el caso de Madrid? Es difícil pensar que con 451.929 parados no haya personal capacitado o en vías de estarlo para prestar estos servicios, como es difícil pensar que no hay voluntad gubernamental para implementar una solución eficaz en este sentido. Pero también es cierto que en esta región lo público es una especie en vías de extinción.
...y los dependientes sin plaza
Así las cosas, las personas dependientes de esta autonomía tendrán que conformarse con un cheque social -una tarjeta en la que se cargarán las ayudas- que oscilará entre 400 y, como mucho, 831 euros, una cifra que no cubre el coste total de una plaza de residencia, y menos si ésta es privada: según la Asociación Madrileña de Residencias de la Tercerea Edad, aquellas rondan los 2.700 euros. Los beneficiarios de la ayuda deberán, por tanto, sufragar de su bolsillo el resto. Aviso para navegantes: la consejera de Familia y Asuntos Sociales ha adelantado que “en otoño se implantará también ese sistema para las personas que quieran ir a centros de día o recibir atención domiciliaria”.
Privatizando la Ley
Por su parte, el director general de Dependencia de Madrid, Miguel Ángel García, ha destacado que el cheque social permitirá que los beneficiarios “puedan ir a la residencia que deseen y que esté autorizada por la Comunidad de Madrid”. “Este sistema da mayor libertad y capacidad de elección al usuario, que incluso puede cambiar de centro si lo desea”, ha concretado. Pero hay un beneficio adicional en el método elegido: que “dará estabilidad al sector de las residencias privadas y permitirá el sostenimiento de las que están abiertas. Así las cosas, no es de extrañar que las residencias privadas hayan aplaudido con las orejas el anuncio: estas venían pidiendo el ‘flexicheque’ desde 2006. El 20% de las plazas privadas están sin ocupar.
Las empresas se frotan las manos
Desde las residencias privadas se ha apuntado que la medida “fomentará una competencia sana entre los operadores”, sin embargo, esta valoración en términos de competencia ya resulta preocupante. “El sistema del cheque abre la brecha de la dualidad. Quien tenga dinero puede utilizar la ayuda para elegir, y quien no lo tenga seguirá sin poder pagarla” denuncia, por otro lado, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social. “Eso beneficiará a las empresas, que incluso podrán elegir a sus clientes, y no a los ciudadanos medios. Sería más justo concertar plazas” corrobora Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes de Centros Sociales. En Madrid solo reciben la ayuda 26.287 personas, aunque 54.515 tienen el derecho a la prestación concedido y 66.170 personas la han solicitado.
Fuente : elplural.com
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