La Consejería de Política Social tiene ya casi ultimado el decreto que regulará el sistema de copago de la Ley de Dependencia (el dinero que tendrán que pagar los usuarios para sufragar parte del coste de los servicios y ayudas que reciben).
El proceso para llegar hasta aquí no ha sido fácil, y ha estado además envuelto en polémica. El primer borrador del decreto fue muy criticado por el Consejo Económico y Social de la Región (CES).
El órgano consultivo denunció en un extenso informe que ese texto original no respetaba en numerosos puntos el acuerdo sobre el copago a que llegaron el Ministerio y las comunidades autónomas. «Contradice el mandato genérico» de la Ley de Dependencia, llegaba a decir el CES, ya que los porcentajes a pagar en el caso de la plaza de residencias se fijaban «sin consideración de la capacidad económica de cada usuario». El borrador tampoco gustó en este aspecto a las asociaciones de discapacitados, agrupadas en el CERMI (Comité de Representantes de Minusválidos). Pidieron cambios, y finalmente la Consejería ha dado marcha atrás, al menos en parte.
Así, quienes disfruten de una plaza en una residencia en la Región pagarán cada mes, dependiendo de su capacidad económica, entre el 70 y el 90% de sus ingresos, teniendo en cuenta que nunca llegarán a desembolsar más del 90% del coste de la plaza de residencia, establecido en 1.500 euros en el caso de personas mayores (en discapacitados el coste es mayor). Hay, además, otra salvedad. A los usuarios se les garantizará que puedan disponer de al menos 60 euros «para gastos personales», explica Fernando Mateo, secretario general de Política Social. Esa cantidad mínima irá actualizándose anualmente.
Esta fórmula de copago que finalmente aprobará la Consejería difiere de sus planes iniciales, que pasaban por cobrar a todos los dependientes el 90% del coste del servicio independientemente de sus ingresos. Es decir, si se tiene en cuenta que el precio de la plaza es de 1.500 euros, todos debían pagar 1.350. Aquellos con ingresos mensuales inferiores a esa cantidad tenían que desembolsar su pensión íntegra salvo 60 euros que les serían respetados para sus gastos. Ahora, con el texto final, quienes menos ganen no tendrán que pagar más de entre el 70% y el 90% de sus ingresos.
Es lo que defendía el CERMI. «Hemos participado en la elaboración del decreto y hay aspectos muy beneficiosos, pero en este punto de la atención residencial lo que dicen el Consejo Económico y Social y el acuerdo entre el Ministerio y las comunidades es más razonable», explica su presidente, Joaquín Barberá. La Consejería defiende, sin embargo, que en la práctica no hay grandes cambios. «Aplicaremos los porcentajes de tal forma que a los usuarios les queden entre 60 y 100 euros», explica Fernando Mateo.
En cualquier caso, el cambio venía casi obligado. Tras el varapalo del CES, el texto podría haber sido tumbado por el Consejo Jurídico de la Región. Habrá que ver, de todas formas, hasta dónde llegan las modificaciones en el texto, porque el Consejo Económico y Social no se queda en las críticas al copago en residencias.
El CES ha tomado como referencia el acuerdo al que llegó en noviembre de 2008 el Consejo Territorial del Sistema de la Dependencia, que reúne al Ministerio y a las comunidades autónomas. Ese acuerdo estableció unos criterios mínimos a partir de los cuáles cada región podía desarrollar su propia normativa. Sin embargo, en el decreto murciano no se hace referencia a este documento, lo que es censurado por el órgano consultivo. «Debería incluirse una referencia expresa [] Esta omisión fue señalada expresamente en el informe del servicio jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Universidades [] porque dicho acuerdo constituye el fundamento y la condición para la elaboración del proyecto de decreto» del Gobierno regional.
Más transparencia
Sin embargo, el secretario general de la Consejería de Política Social, Fernando Mateo, considera que lo establecido por el Consejo Territorial «no es vinculante» y que el Gobierno central debería haber regulado el copago mediante un real decreto. De hecho, Murcia y otras regiones gobernadas por el PP se abstuvieron en la votación del texto.
Pero el CES insiste en que el acuerdo del Ministerio y las comunidades no sólo no se refleja, sino que «no se respeta». Por ejemplo, en el copago que se establece en las plazas de centro de día. El decreto regional prevé el pago de hasta el 90% del coste por parte del usuario, dependiendo de sus ingresos -quienes cobran menos de 528 euros recibirán el servicio de forma gratuita- mientras que el CES recuerda que el Ministerio estableció un porcentaje en función de la capacidad económica del dependiente «comprendido entre el 10 y el 65% y aplicado de forma progresiva».
La Consejería entiende, sin embargo, que el decreto respeta el criterio del Ministerio porque la norma nacional dejaba «la puerta abierta a un mayor porcentaje en los casos en que el servicio de centro de día implique transporte y manutención».
ASÍ QUEDA EL COPAGO
Plazas de residencia: El usuario pagará el 90% del coste siempre y cuando se lo permita su capacidad económica, de forma que nadie pagará más del 90% de sus ingresos ni menos del 70%. Además, se garantiza que todos los usuarios dispondrán al menos de 60 euros para sus gastos.
Centros de día: El borrador del decreto de la Comunidad establece que «en ningún caso las personas beneficiarias de los servicios de centro de día y de centro de noche participarán en el coste de los mismos en cuantías superiores al 90% del precio de referencia». Sin embargo, el Consejo Económico y Social considera que «sobrepasa el umbral establecido en el Consejo Territorial [de la Dependencia] que establece [] que la participación del beneficiario se establecerá mediante la aplicación de un porcentaje en función de su capacidad económica, comprendido entre el 10 y el 65% y aplicado de forma progresiva. En ningún caso ésta participación superará el 65% del indicador de referencia».
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar: El borrador del decreto dice que «se garantiza que las personas beneficiarias [] percibirán, en todo caso, el 10% de lo que les correspondería sin deducción. El CES dice, sin embargo, que «el proyecto de decreto debe establecer como límite mínimo a la cuantía a percibir [] el 75% de lo que le correspondería sin deducción».
¿A quién se aplicará el copago?: La Consejería ha decidido que quienes ya están recibiendo alguna prestación o servicio recogido en la Dependencia pagarán el copago en los términos previstos en el decreto sólo si les resulta beneficioso. Si le resulta más gravoso, continuará pagando de acuerdo al sistema actualmente en vigor.
En su borrador inicial, la Consejería preveía que todos los dependientes empezarían a pagar en función del nuevo copago una vez aprobado el decreto, pero el texto se ha modificado después de que el Consejo Económico y Social pidiera una disposición adicional transitoria para «garantizar» los derechos adquiridos.
Fuente : laverdad.es
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