LA LEY: ESTANCADA EN PROMESAS Y PAPELEOS

Nueve años para hacer efectivo el derecho a la prestación de dependencia puede ser una eternidad para muchos ciudadanos.

Y es que hasta 2015 no será una realidad y una obligación para las Administraciones Públicas.


Hasta entonces, el balance de la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia es discreto y desigual entre las comunidades autónomas, que hoy se darán una nueva oportunidad para enderezar el rumbo dentro del Consejo Territorial sobre Dependencia.

Los consejeros autonómicos de Política Social y la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, intentarán llegar en primer lugar a un acuerdo sobre la calidad de las prestaciones económicas de ayudas familiares. El objetivo es que las ayudas cubran las necesidades del dependiente y no se queden "en un quiero pero no puedo" como sucede en la actualidad.


Además, el Ministerio de Sanidad y Política Social presentará dos decretos para repartir las prestaciones económicas que apenas suponen una mejoría.
Uno fijará las cuantías máximas de las prestaciones económicas, que serán las mismas cantidades del año pasado, más la subida del IPC (0,3 por ciento).
El otro borrador recogerá el dinero que da el Estado por persona dependiente atendida, que oscilará entre un mínimo de 70 euros y un máximo de 273 euros, según el nivel de dependencia, al que se suma el IPREM (1 por ciento) o índice de referencia para acceder a ayudas y subvenciones.

El reparto, gran escollo
El gran escollo sigue siendo el reparto de los fondos de la dependencia, porque muchas comunidades autónomas, como Madrid o Asturias, reclaman que se prime el coste de los recursos invertidos en cada dependiente, en lugar de repartir el dinero atendiendo al número de beneficiarios reconocidos, como sucede hasta ahora. Y es que no es lo mismo dar ayudas para cuidados familiares que costear los gastos de una residencia.

Los datos de Sanidad reflejan muy bien la deriva del sistema de dependencia. A fecha de 1 de enero, hay 485.526 beneficiarios de alguna prestación de dependencia, pero se han registrado 1,1 millones de solicitudes. Es decir, más de la mitad están en lista de espera y casi 300.000 dependientes no perciben la prestación que la ley les ha reconocido, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Diferencias autonómicas
Las diferencias en la aplicación de la ley son más que notables entre regiones. Andalucía, por ejemplo, acumula el 30% de las solicitudes, mientras que la Comunidad de Madrid sólo alcanza el 4,47% del total, por subrayar los dos extremos. Lo que sigue siendo una incógnita es qué financia y recibe del Estado cada Administración autonómica.

El Ministerio de Sanidad y Política Social no facilita los datos del reparto por región, por lo que hay que recurrir a los Presupuestos y a fuentes no oficiales. Y lo cierto es que faltan recursos para poner en marcha esta prestación, tanto por parte del Gobierno como de las comunidades autónomas, que deben aportar cada año al menos una cantidad igual a la del Estado.

En total, el Gobierno destinó el año pasado 1.657,8 millones de euros para dependencia (1.374,6 en el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios, según el grado y nivel de su dependencia, y 283 millones para el nivel acordado, que se negocia con las comunidades).

La partida de 1.581 millones de euros consignada en los Presupuestos de 2010 para el nivel mínimo supone un aumento del 15% que, sin embargo, no dará para mucho. Porque, si se divide esta cantidad por los 743.596 beneficiarios a los que se ha reconocido el derecho, tan sólo suponen 177,1 euros al mes. Y hay que recordar que el coste medio mensual de una plaza en una residencia es de 1.800 euros, según la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia.

Por este motivo, el derecho se ha convertido en una ley de subvenciones, ya que la mitad de las prestaciones concedidas son para cuidados familiares (280.013), mucho más baratas que sufragar el coste de una residencia o apostar por la figura del cuidador profesional.

No se crea empleo
Además, este tipo de prestaciones, que deberían ser "excepcionales" según la propia ley, tampoco están sirviendo para crear empleo. Sólo están dados de alta en el convenio especial de la Seguridad Social el 36,5 por ciento de los cuidadores informales. Y tampoco están tirando de los cuidados profesionales, ya que la atención residencial tan sólo supone el 17,7 por ciento del total y las ayudas a domicilio, el 10,6 por ciento.

La aportación de cada región por habitante y año es, además, muy dispar. De hecho, algunas comunidades autónomas, como Canarias, se estarían beneficiando de los fondos del Estado sin asumir ningún compromiso, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en España.

Su presidente, José Manuel Ramírez, explica a elEconomista que el problema de la financiación es que "hay que cambiar la distribución de los fondos, que no puede ser territorial, ni tampoco en función de los dictámenes de dependencia aprobados, sino según las personas dependientes que reciben las prestaciones o servicios".

Incumplimientos del trato
Esta asociación ha hecho el esfuerzo de analizar la gestión de las comunidades autónomas y evaluar el coste real de los servicios y prestaciones ofrecidas a las personas dependientes. Según estas cifras, la factura global de servicios y prestaciones de dependencia asciende a 3.956 millones de euros, de los que el Estado y los usuarios estarían abonando el 61,8%, mientras que las comunidades autónomas asumirían el resto.

Pero no todas las regiones estarían cumpliendo su parte del contrato. En el caso canario, el Estado correría con el 90,3% de la factura, mientras que sólo con el 33,9% en Castilla y León. Incluso algunas autonomías estarían reteniendo fondos porque la financiación se entrega según los dictámenes de valoración realizados y no por los servicios prestados. En Canarias, por ejemplo, hay 14.024 personas con derecho a prestación y sólo 5.012 están atendidas, pero esta región recibe fondos por el total de los beneficiarios reconocidos, denuncia José Manuel Ramírez.

El mayor esfuerzo autonómico en dependencia correspondería a La Rioja o Cantabria, donde sus gobiernos superan los 70 euros por habitante, mientras que la Comunidad de Madrid sólo alcanza los 20 euros, la Comunidad Valenciana (19 euros), Murcia (5), Islas Baleares (4) y en Canarias se daría la paradójica situación de que no sólo no aporta, sino que ingresa dos euros en 2009 por el exceso de financiación estatal, según esta asociación.

Fuente : eleconomista.es