Rajoy tolera el trato desigual a los ciudadanos en tres feudos del PP
Madrid, Murcia y Valencia bloquean la Ley de Dependencia y planes educativos.
El partido niega "deslealtad institucional"
En el argumentario del PP, hay grabadas con letras de oro una serie de ideas.
Entre ellas está la unidad de España y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
El presidente de los conservadores, Mariano Rajoy presume de que en su partido, a diferencia del PSOE, existe "un solo discurso nacional. Y no 17", tantos como comunidades. Y de expresar su deseo para España: "Quiero que sea un país de ciudadanos libres e iguales en todo y por supuesto ante la ley".
Este discurso chirría al examinar el cumplimiento de la legislación nacional en los feudos del PP.
En esto, las comunidades del PP no miran en la misma dirección. Sirva como ejemplo el bloqueo al que Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana, los principales graneros de votos del partido, tienen sometida la Ley de Dependencia. O el empeño de la Generalitat en derribar el barrio de El Cabanyal, pese a la orden en contra del Ministerio de Cultura.
Estas comunidades suman cerca de 13 millones de habitantes, más del 27% de la población española.
Ciudadanos por categoría
"Esto evidentemente crea un Estado de ciudadanos de primera y segunda categoría", reconoce un dirigente conservador. Pero carga sobre Zapatero: "Dicta leyes sin preocuparse de su aplicación".
"Llegamos hasta donde llegamos. Pero desde la total lealtad a las instituciones", completa un veterano diputado.
"Rajoy pide siempre que no se transgredan las leyes. Pero es muy tentador ir a contracorriente", admite un dirigente regional del partido.
¿Por qué entonces Rajoy no da un toque a sus líderes en Madrid, Esperanza Aguirre; Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps? La respuesta la ofrece un parlamentario que en su día integró el denominado sector crítico: "El peso de las baronías es el peso de las baronías. Bastante tiene Rajoy con la corrupción como para abrir otro frente", sentencia.
Toques de atención
Las comunidades del PP culpan de su boicot al Gobierno socialista
Más allá de la lucha ideológica entre Gobierno y oposición por el reparto de competencias, las citadas autonomías han recibido ya algún toque de atención poniendo de manifiesto su insumisión a las leyes. Es el caso del último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En sus conclusiones, se lamentaba de que en la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia además de Canarias no exista "la voluntad institucional" de implantar el sistema.
Necesidades sin cubrir
La culpa... del Gobierno
"Resulta inadmisible convertir algo tan sensible como son las necesidades más básicas de la vida diaria de las personas en situación de dependencia y sus familiares en un terreno para la confrontación política", advierte el último informe del Observatorio de la Dependencia a Aguirre, Camps y Valcárcel.
Pese a la insistencia de estas comunidades en que aportan a la aplicación de esta ley mucho más de lo que hace el Estado y que su población dependiente ya estaba siendo atendida antes de que la ley entrara en vigor, los datos son otros.
El citado informe se lamenta de que en estas comunidades "apenas se registran avances en la implantación del sistema" y de que "el número de solicitudes, valoraciones, dictámenes y prestaciones económicas y servicios que oferta de manera efectiva, así como sus compromisos económicos, están muy alejados de los resultados que ofrecen en estos mismos parámetros el resto de comunidades".
La semana pasada, Aguirre quiso argumentar los defectos de aplicación de esta ley en su comunidad recordando que ella a aporta 830 millones anuales en este concepto, mientras que del Gobierno sólo le llegan 40. "El 10% de lo que invertimos". Sí admitió que "se tarda mucho en valorar el grado de dependencia de las personas". Pero para culpar también al Gobierno: "La ley nos ha impuesto que los que valoren sean funcionarios. Y no hay tantos".
En la Generalitat mantienen que el Gobierno invade sus competencias
Murcia aparece especialmente señalada en el informe citado porque, "a fecha de hoy, tres años después de la aprobación de la ley, ni siquiera ha promulgado normativa alguna para su implantación en esa comunidad, en un claro desprecio hacia lo que deben ser los derechos subjetivos y las consiguientes obligaciones de las administraciones competentes".
El secretario general de Política Social de Murcia, Fernando Mateo, mantiene que esta ley es "totalmente legítima" y que nació para garantizar igualdad de derechos. Y asegura que, con independencia de que en Murcia no se hayan desarrollado los decretos de la ley, esta "se está aplicando escrupulosamente. Tenemos absoluta lealtad institucional al Estado".
En este sentido, mantiene que en su comunidad hay 17.000 personas que se benefician de la ley, que el 54% que ha solicitado prestación ya la tiene y que el 85% de los que han solicitado valoración ya la ha recibido. "Cuando hemos tenido contacto institucional con la Administración del Estado, nos han manifestado públicamente que estamos haciendo un esfuerzo". A juicio de Mateo, "los desarrollos reglamentarios los tenía que haber desarrollado el Estado".
Mientras, un miembro del comité ejecutivo nacional mantiene que el problema no está "en la falta de voluntad del PP, sino en la falta de financiación", una tesis que también sostienen desde Valencia.
Más información en Fuente : publico.es
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