El Cermi pide un protocolo homogéneo de atención a los discapacitados
El Comité plantea reforzar varios aspectos en la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado un documento de propuestas para mejorar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ante su primer proceso de evaluación y revisión por parte de los poderes públicos, tres años después de su entrada en vigor.
Entre ellas, ha destacado la necesidad de «definir, desarrollar y aplicar en todas las comunidades autónomas un protocolo homogéneo de promoción de los derechos y atención a las personas con discapacidad que asegure la continuidad y coordinación entre los sistemas implicados».
El Comité representante de los españoles con discapacidad ha elaborado estas propuestas tras haber realizado una previa evaluación del despliegue y desarrollo de la Ley a escala nacional durante sus tres años de vigencia. La presentación ha contado con la presencia del presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, su secretario general, Alberto Durán, y el comisionado del Cermi para la Autonomía Personal, Paulino Azúa.
Así, los representantes del Cermi han criticado la ausencia de participación de las entidades pertenecientes al tercer sector social en los despliegues autonómicos y ha propuesto a las comunidades autónomas que creen órganos en los que estén representadas las personas con discapacidad y sus familias y se les atribuyan funciones consultivas y de participación activa.
Por otra parte, el comité ha pedido la realización de «una revisión profunda de los procedimientos administrativos establecidos en las comunidades autónomas» para acabar con los «plazos intolerables e inasumibles», que se están produciendo con generalidad. Para reducir los plazos de espera de reconocimiento de la situación de dependencia y determinación del derecho a las prestaciones, el Cermi ha pedido la realización de «una revisión profunda de los procedimientos administrativos establecidos desde la perspectiva de la simplificación y optimización de todos los recursos».
Por otra parte, en relación también al reconocimiento de la situación de dependencia, el Cermi ha estimado imprescindible el establecimiento de unas normas mínimas en cuanto a la cualificación y el perfil profesional de los valoradores y su currículum formativo. Igualmente, y para seguir reduciendo tiempo de espera a la hora de recibir respuesta, el comité ha propuesto que las solicitudes de revisión de las decisiones administrativas adoptadas en relación al reconocimiento de la situación de dependencia y determinación del derecho a las prestaciones el Sistema, «pase a la Jurisdicción de lo Social» y que se cree una oficina de información y gestión de reclamaciones.
Asimismo, ha considerado imprescindible que «quienes cumplan los requisitos para que sea reconocida su situación de dependencia puedan acceder a las prestaciones y servicios que les corresponda, sin que ello quede condicionado por las posibilidades presupuestarias», como en la actualidad sucede. En este sentido el comité ha añadido que «las administraciones deberían efectuar una planificación de inversiones que garantice plenamente el acceso a las prestaciones y servicios».
Igualmente, el Cermi ha denunciado la «falta de desarrollo de los modelos socio-sanitarios, y una ausencia de coordinación efectiva. La aplicación de la Ley se ha dirigido hacía la delimitación de prestaciones precisas, más que a una consideración integral de la persona». A su vez, ha considerado preciso plantear un modelo básico de Programa Individual de Atención (PIA) común para todo el territorio nacional y ha exigido al Consejo Territorial «que establezca una posición y criterios homogéneos, que se respeten por todas las comunidades autónomas para determinar la participación del beneficiario en el coste del servicio y acabar con la diversidad de criterios que actualmente se aplican».
Copago
Una vez más, el sector de la discapacidad representado por el Cermi recuerda su posición inamovible de que queden exentos de realizar aportaciones las personas beneficiarias en situación de dependencia menores de 65 años cuya capacidad económica no supere 2,5 veces el SMI, y que se limite al 75% la aportación máxima, en el caso de los servicios con mayor carga de copago.
El Cermi ha recordado que la entidad tiene recurrido ante la Audiencia Nacional el vigente acuerdo de copago y que será la Justicia la que determine su adecuación o no a la legalidad.
Por otra parte, el comité ha denunciado la «casi inexistente determinación de la prestación de asistente personal». En este sentido, ha planteado la modificación de la Ley para que esta prestación se abra a todas las situaciones de dependencia reconocidas, y para todo tipo de actividades, y no limitarla como ocurre ahora a las de gran dependencia.
Fuente : nortecastilla.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario