El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, ha asegurado que de las 485.526 personas que a 1 de enero de 2010 tienen reconocida algún tipo de prestación en virtud de la aplicación de la Ley Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia, sólo 101.209, es decir, el 20,8 por ciento del total, tenían menos de 65 años.
A su juicio, estos datos reflejan que la norma atiende a las personas mayores, un 80 por ciento del total, pero que las personas con discapacidad no acaban de incorporarse a las prestaciones que prescribe la ley.
Esta valoración es una más de las recogidas en el documento de propuestas para mejorar la norma elaborado por el Cermi, ante su primer proceso de evaluación y revisión por parte de los poderes públicos, tras tres años en vigor. Cayo ha mostrado su sorpresa ante dato, al tiempo que ha criticado la “opacidad” de los datos difundidos por el Imserso sobre el desarrollo de la norma.
Otras de las mejoras propuestas por el Cermi se refieren a los procedimientos administrativos establecidos por las autonomías al considerar que establecen “plazos intolerables e inasumibles”, según Cayo.
Con el fin de reducir los plazos de espera de reconocimiento de la situación de dependencia y determinación del derecho a las prestaciones, el Cermi ha pedido la realización de una “revisión profunda de los procedimientos administrativos establecidos por las autonomías desde la perspectiva de la simplificación y la optimización de los recursos”. Y para Layo esta es una de los numeras desigualdades surgidas por el “dispar desarrollo normativo de la ley en cada comunidad”.
Algo que, a su juicio, podría resolverse con la vinculación de la Ley de Dependencia al Sistema de la Seguridad Social. “Se evitaría así el riesgo de que surjan 17 sistemas de autonomía y dependencia, dispares y distintos, que generan inequidad”, ha afirmado Cayo.
Además, el Cermi ha denunciado los procedimientos empleados para reconocer la situación de dependencia del solicitante. Aseguran que el Programa Individual de Atención (PIA) -definido por el Cermi como “elemento sustancial sobre el que debe pivotar la ley”- se realiza en “numerosas” ocasiones por teléfono, cuando éste debe llevarse a cabo con la presencia física del demandante.
Fuente : redaccionmedica.es
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