CAE POR PRIMERA VEZ EL NÚMERO DE ASISTIDOS POR LA LEY

Cae por primera vez el número de asistidos por la Ley de Dependencia

Más de 230.000 personas con derecho a recibir ayuda están en lista de espera

Los profesionales del sector atribuyen el colapso a la crisis y la mala gestión

El número de personas atendidas bajo la Ley de Dependencia ha descendido por primera vez desde que arrancó esta norma, en 2007, en lugar de incrementarse en varios miles como venía ocurriendo mes tras mes. Y ello en un escenario en el que hay aún 236.930 usuarios con derecho a una ayuda que siguen esperando a recibirla. Si esta lista de espera está enquistada a pesar de que cada mes reciben su ayuda varios miles de usuarios, difícilmente podrá deshacerse el nudo con meses como este de agosto, en que el número de personas atendidas ha bajado.


Una gestión desigual para un derecho universal

El Gobierno explica el mal dato por una mayor eficacia al depurar las cifras

La concesión de plazas de residencia y centros de día está estancada

"Este estancamiento es significativo, porque indica que si no se hace un esfuerzo mayor en personal, servicios y recursos, se puede decir que la ley ha dado de sí todo lo que podía, y hay miles de personas esperando", dice el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "El parón puede atribuirse en parte a la crisis, pero las estadísticas demuestran cada mes que buena parte de la culpa la tiene la incapacidad de gestión. Hay comunidades que, cuando ponen voluntad, mejoran sus datos notablemente", añade Ramírez.

En febrero de este año se superó la cifra emblemática de 500.000 ciudadanos atendidos, un número que venía creciendo imparable hasta agosto, cuando se ha producido el freno. El Gobierno lo achaca al esfuerzo de los meses anteriores y a la coincidencia con un mes vacacional, pero esa explicación no concuerda con los datos: en agosto del año pasado, el número de personas que ya recibía una ayuda se incrementó en casi 26.000, y los meses anteriores la cifra había sido similar y, desde luego, mayor que la de los meses de este verano.

"Los datos actuales muestran que el sistema no tiene capacidad -o voluntad- de entrega de los servicios y prestaciones a los que las personas tienen derecho", critica José Manuel Ramírez.

La estadística de atendidos solo experimentó un decremento, en junio de 2009, pero debido a que se limpiaron los datos del registro oficial, que estaban inflados con miles de personas que ya habían fallecido y de dependientes que aparecían duplicados. Tal era el caos en la recogida y volcado de información, que aún no se ha resuelto por completo. De hecho, la directora del Imserso, Purificación Causapié, sostiene que el descenso de este mes también se justifica "porque ahora se cruzan con más eficacia los datos de las personas fallecidas con los del INE", para ir depurando la estadística. Siendo así, cabría pensar que los fallecidos o las personas duplicadas aún se contaban por miles. Y a saber si en la lista de espera no pasa lo mismo.

Significativa es también la reducción que se viene produciendo en los últimos meses sobre la cifra de grandes dependientes (grado III nivel II), no tanto por la cantidad, alrededor de 5.000 entre la primavera y el verano, sino porque indica que el número de grandes dependientes se está estabilizando. Estos son los usuarios más graves y que requieren atención urgente. Son, además, los casos más caros, tanto si se les concede una ayuda para que les cuide un familiar en casa como si se les otorga una plaza de residencia.

Podría decirse que el número de grandes dependientes, los más graves, ha tocado techo y simplemente hay un relevo de las bajas. Dado que desde que comenzó la ley se ha atendido con preferencia a estas personas, cabe pensar que se ha alcanzado con ellos la velocidad de crucero y que son los grados de dependencia inferiores los que están entrando ahora en el sistema. Así lo opina también la directora del Imserso.

Esto reducirá las aportaciones que hace el Gobierno a las comunidades, más cuantiosas cuanto más necesitada de ayuda está la persona dependiente. "De seguir la tendencia actual, con el número de grandes dependientes estabilizado y la progresión del resto (severos y moderados), el Estado aportaría en total algo menos de 2.000 millones de euros, lo que significa, en la práctica, la congelación presupuestaria por parte del Gobierno", explica Luis Barriga, de la Asociación de Gerentes. "Las comunidades autónomas y los usuarios (vía copago) tendrían que aportar unos 3.000 millones, según nuestros cálculos estimados", añade Luis Barriga.

La Ley de Dependencia muestra además otros signos de paralización, si se echa un vistazo a las prestaciones y servicios que se vienen concediendo. No para de crecer el número de ayudas para que los familiares cuiden en casa al anciano o discapacitado, cuando esta prestación está recogida en la ley como algo que debería ser excepcional, y no la norma en que se ha convertido. Estas ayudas suponen ya 357.841. Un 58% de los dependientes atendidos recibe una de estas pagas.

Sin embargo, la concesión de una plaza de residencia o centro de día, los servicios propios para los ancianos más incapacitados, está también prácticamente estancada.

"El escaso desarrollo de los centros y servicios, frente a las prestaciones económicas que se están concediendo, impide que el sistema desarrolle todo su potencial de creación de empleo, algo lamentable dado el momento económico que estamos atravesando", dice Ramírez.


Una gestión desigual para un derecho universal

- Personas atendidas. Si ha de tenerse en cuenta el número de personas atendidas en relación con la población de cada comunidad autónoma, tres de ellas destacan: Cantabria, La Rioja y Andalucía, todas por encima del 2%, cuando la media nacional es de un 1,31%. En la parte alta de la tabla estarían Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco; y algo después, con 1,4% Extremadura, Cataluña y Murcia. El resto no alcanza la media nacional. A la cola están Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, que no llegan al 1% de personas atendidas en relación con la población.

- Dictaminados. Indicador de buena gestión es también el número de solicitantes de una ayuda que ya tienen establecido su nivel y grado de dependencia, a partir del cual se dictaminará qué prestación necesitan. En este caso brillan en la tabla oficial las mismas comunidades y vuelven a quedar en la cola también las mismas. Castilla y León marca la media nacional, 2,71% respecto a la población. Canarias, Madrid, Baleares y Valencia no llegan al 2%. Estas diferencias, tanto en personas atendidas como en las dictaminadas, se traducen, de hecho, en graves diferencias entre unos ciudadanos y otros al acceder a sus derechos.

- Perfil. Más de la mitad de los solicitantes de una ayuda (el 52%) son personas de 80 y más edad, en su mayoría mujeres. Un 26% tiene de 65 a 79 años. Los menores de tres años representan un 0,3% del total de solicitantes.


Fuente : elpais.com/articulo/sociedad