El Consell no renueva el convenio para abonar la residencia a 1.800 mayores
Bienestar Social mantiene que "ninguna plaza está en peligro"
Bienestar Social busca "el instrumento financiero" que permita la continuidad de los contratos con los geriátricos privados y descarta una modificación de los presupuestos para hacer frente al pago
La Conselleria de Bienestar Social todavía no ha firmado la renovación de los contratos con las residencias geriátricas de la Comunidad Valencia, dejando en el aire 1.800 plazas de accesibilidad concertadas, 700 de ellas en la provincia de Alicante. Los contratos, que son de carácter trimestral, tenían que haber sido renovados el pasado día 1 de septiembre.
El vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, se comprometió la pasada semana con la patronal del sector de la dependencia (Aerte) a que el pleno del Consell del pasado viernes aprobaría "el presupuesto que garantiza la continuidad de los actuales contratos", según el presidente de la patronal, Alberto Gimenez.
Sin embargo, la renovación aún no se ha hecho efectiva. Fuentes de la Conselleria de Bienestar Social insistieron ayer en que "estamos a la espera de que el Consell ratifique el instrumento financiero-contable que permita la ratificación de este acuerdo con las residencias".
Desde el departamento que dirige Angélica Such se insiste en "mandar un mensaje de tranquilidad a las familias de los dependientes porque ninguna de las plazas concertadas corre riesgo de desaparecer". Pese a que Bienestar Social asegura "que no se trata de un problema económico, porque las partidas están contempladas en los presupuestos de 2010" se insiste en la necesidad "de encontrar un instrumento financiero-contable" que permita el pago a las residencias. Desde el Consell esperan que el problema "pueda estar solucionado en un plazo máximo de 15 días".
Esta falta de concreción sobre las condiciones en las que se van a renovar los contratos y su dilación ha vuelto a despertar la intranquilidad entre los empresarios del sector. "En un principio, desde la Generalitat se nos dijo que iba a haber una inyección de dinero para garantizar la continuidad de estas plazas.
Tras el pleno del pasado viernes nos enteramos de que no va a haber modificaciones presupuestarias para renovar los convenios, entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero que en junio no tenían para pagarnos?", explican desde una de las residencias afectadas por esta situación. Al mismo tiempo, los empresarios se muestran intranquilos por el futuro de estos contratos a partir del año que viene. "Se tendría que haber empezado ya a hablar de la concertación de plazas para 2011 y todavía no sabemos nada. Nos tememos lo peor".
Desde la patronal Aerte mantienen "la confianza" en el acuerdo verbal alcanzado con Angélica Such el pasado 1 de septiembre "por el que se comprometía a dar continuidad al contrato de las plazas de accesibilidad". Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia anunciaron ayer que se mantienen "vigilantes" para que Bienestar Social "cumpla su compromiso" y no dudan en reanudar las concentraciones "si se pone en peligro alguna de las plazas de accesibilidad", explica Miquel Martorell, portavoz de la plataforma.
La alarma saltó cuando, a finales del mes de agosto, familiares con dependientes en estas residencias comenzaron a recibir cartas en las que se les alertaba de la posible pérdida de la plaza concertada debido a los incumplimientos del Consell. La Conselleria subvenciona hasta en un 80% el coste de estas plazas y recibe por ellas 360.000 euros mensuales del Gobierno central.
La desaparición de estas subvenciones no sólo afectaría a unos 1.800 ancianos en la Comunidad Valenciana que ahora disfrutan de estas ayudas contempladas en la Ley de Dependencia sino que también "abocaría al cierre de unas 50 residencias en las tres provincias, 15 de ellas en Alicante", según las estimaciones del sector.
CC OO pide que se fijen los acuerdos en los presupuestos
El sindicato CC OO pide que la Generalitat fije en los presupuestos el mantenimiento del concierto con las residencias, para evitar conflictos con las empresas como el que ha surgido durante las últimas semanas. Según apunta la secretaria de Política Social de CC OO, Eva Hernández, el Plan de Accesibilidad, iniciado por el que fue conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, "es el que sustenta actualmente el sistema residencial" en la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana, señala Hernández, "no tenía recursos económicos para invertir en infraestructuras y se generó este plan: la empresa privada crea las infraestructuras y a cambio se conciertan 6.000 plazas residenciales. Todavía quedan 4.000 plazas libres".
En este sentido la ley de la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia "es un derecho". El mantenimiento y creación de nuevos puestos de trabajo "hoy en día es una necesidad y una apuesta, en la que tanto el gobierno de la Generalitat como las organizaciones sindicales y la patronal del sector deben trabajar". El sindicato "vigilará" que las partidas presupuestarias aseguren la implantación del sistema de atención a la dependencia, a través del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace).
Incertidumbre entre las familias de dependientes
Los familiares con ancianos dependientes ingresados en alguna de las residencias de la Comunidad aseguran que no respirarán tranquilos "hasta ver por escrito el acuerdo de renovación de las plazas".
María Teresa Martínez, tiene a su madre de 80 años ingresada con alzheimer avanzado en una residencia de El Verger. Pese a que "desde la residencia me han prometido que seguirán haciéndose cargo de ella pase lo que pase yo no estoy tranquila". En un principio, la renovación del acuerdo con las residencias cubriría hasta final de año, por lo que a María Teresa le surge el interrogante de "¿qué va a pasar después con nuestros mayores?".
Por otro lado, Martínez teme las condiciones en las que se firme el nuevo contrato entre Bienestar Social y las residencias. "Si se produce un recorte importante de dinero, ¿cómo sabemos que no se va a ver afectada la calidad del servicio que se presta a los residentes?".
A esta mujer le es "imposible" hacerse cargo de su madre ya que vive "en un piso de 50 metros cuadrados" y trabaja como interna cuidado a ancianos. Sus 800 euros mensuales de sueldo y su pensión de su madre de 500 "hacen impensable que pueda hacer frente a los 1.800 euros que cuesta la plaza en la residencia sin la subvención de la Generalitat".
Fuente : diarioinformacion.com
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