El Govern ha otorgado 173.741 prestaciones económicas y de servicios en el marco de la Ley de la Dependencia, tras haver resuelto 132.068 Programas de Atención Individual (PIA) y resuelto 20. 849 modificaciones de PIA a personas que solicitaron cambios en los servicios que recibían.
Así lo ha dado a conocer el pasado jueves la consellera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, en una comparecencia ante la comisión mixta Govern-Parlament creada para analizar el desarrollo de la normativa, que se empezó a aplicar en mayo de 2007.
A 1 de julio, había 262.201 solicitudes valorables y se había determinado el grado y nivel de dependencia a 242.617 personas, un 92,5 por ciento. De hecho, se ha pasado de las 4.961 valoraciones mensuales en 2008 a las 9.721 en lo que va de año.
Un total de 151.232 de las valoraciones hechas tienen derecho a prestación, y para atenderals se han realizado 132.068 PIA, un 87% de las valoraciones. El ritmo de elaboración de PIA se ha pasado de una media de 5.794 mensuales en 2009 a 7.961 en la actualidad.
El 44% de las valoraciones realizadas corresponden a grandes dependientes, el 29% a personas con dependencia moderada --ambos colectivos son los que tienen derecho a recibir las ayudas--, mientras que el porcentaje restante corresponde a solicitantes con una dependencia ligera o que no son considerados dependientes.
En relación al perfil de los solicitantes, el 84% tienen más de 64 años y el 65% son mujeres que, en un 72%, viven en la demarcación de Barcelona. El 86% de los solicitantes viven en su casa, y el 76% de los beneficiarios tiene una capacidad económica de hasta 11.232 euros.
El 25% de los cuidadores no profesionales compatibilizan la prestación económica con una de servicios, mayoritariamente con el servicio de atención domiciliaria. Durante el última año se han otorgado, cada día laborable, 100 plazas de residencia vinculadas a la ley y se han cerrado 355 valoraciones y 260 PIA.
El 53% de prestaciones son de servicios y el resto son económicas, mientras que en 2008 el 72% eran económicas. Desde el inicio del despliegue de la ley, el Govern ha destinado 1.688 millones de euros al pago de prestaciones.
Fuente : europapress.es
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