Tardaron un año en evaluar a María Isabel, víctima de dos cánceres.
Tras su fallecimiento, la Junta deniega a la familia la ayuda de la Ley de Dependencia que pidieron hace 18 meses
Ingresó en el hospital por sentirse mareada. Días más tarde, le diagnosticaron cáncer de pulmón y de cerebro.
María Isabel Alcalde se convirtió entonces, a sus 51 años, en lo que el Gobierno autonómico viene llamando «gran dependiente».
Su familia, que reside en Dos Hermanas, tramitó las ayudas de la Ley de la Dependencia en octubre de 2008 pero falleció 13 meses después sin recibir la prestación. «Aunque la normativa dice que a los tres meses se debe notificar la resolución, transcurridos cuatro, acudí a reclamar y la contestación fue que ya vendría a mi casa la coordinadora que no se presenta hasta el 20 de agosto del 2009», recuerda Francisco Tornay, su viudo.
Desde entonces y por resolución de la delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social, a María Isabel se le reconoce un grado de discapacidad del 82%, si bien no fue hasta después de un año cuando se procedió a la evaluación para realizar el informe social preceptivo que determina qué tipo de ayuda se le concede.
«La trabajadora social tardó más de 12 meses en venir cuando ayer en el Congreso aún se insistía en que a los seis meses se debe empezar a cobrar», advierte Francisco que se vio obligado a dejar su trabajo para cuidar a su mujer. Cuenta que María Isabel requería atención las 24 horas porque «dejó de tener control de movimientos, perdió la memoria...».
Hace un mes, la consejería «dio señales» tras 18 meses. Informaba de las actuaciones realizadas hasta el momento por «causas sobrevenidas» al haber fallecido «la persona interesada».
Francisco dice no entender cómo deniegan el procedimiento de la Ley cuando se establece que las prestaciones se darán con retroactividad. «De poco son las ayudas, si tu mujer muere esperando», lamenta entre lágrimas. Su hija mayor, Sandra, que también dejó de trabajar porque «mi padre no podía él solo con ella», señala que «entendemos que a partir de que fallece mi madre no nos den nada, pero ¿qué pasa con mi padre?».
«Te llenan de pajaritos la cabeza diciéndote que podrás subsistir con esa ley y solo son las esperanzas de un timo», señala Francisco. Ahora vive con 14 euros al día que recibe por subsidio.
Sufre trastorno depresivo e inicio de parkinson, además de pérdida de visión en un ojo. «Vendí los dos coches que tenía para poder hacer frente a la hipoteca, luz, agua y gastos de la casa», relata. «Tuvimos que romper la puerta del baño para que cupiera la silla de ruedas», dice su hija.
Sólo en los dos últimos meses de vida de María Isabel, lograron una cama con motor. Francisco, ahora, duda qué camino tomar. «Yo no sé nada sobre recursos, salvo los que me dan mis propios vecinos y los que se me deben».
En los tres años que lleva en vigor la Ley de la Dependencia, unas 21.000 personas han muerto en Andalucía mientras esperaban recibir alguna de las prestaciones que contempla la normativa.
Fuente : abcdesevilla.es
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