Conflictos y denuncias en la residencia de ancianos
El sindicato CSI-F saca a luz altercados e intentos de robo en el único centro público para mayores de la capital
Residencia de ancianos del barrio de Santa Marta.
El sindicato CSI-F denuncia la existencia de problemas de convivencia en la residencia mixta de pensionistas, dependiente de la Delegación provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, desde que hace aproximadamente un año empezasen a entrar personas en riesgo de exclusión social en este hogar para mayores.
En una nota de prensa, el sindicato indicó ayer que el problema comenzó cuando se quedó libre un número importante de plazas tras la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, con la cual muchas familias se hicieron cargo de los pensionistas.
A partir de ahí la residencia, ubicada en la calle Artesanos del barrio de Santa Marta y la única de carácter público en la capital, inició la acogida de personas en exclusión social, "muchos de ellos alcohólicos o drogodependientes, con los que tienen que convivir a diario las personas mayores", precisó el sindicato.
"Esta situación genera algunos conflictos entre los ancianos y los nuevos residentes, ya que se han producido intentos de robo y altercados incluso con los propios trabajadores del centro", apunta CSI-F, que critica que la Delegación Provincial esgrima falta de "recursos económicos" para no contratar a un vigilante pese a que la dirección del centro lo estima oportuno.
Para CSI-F se está creando un "ambiente preocupante" que no tiene solución a tenor de la respuesta que se ha dado desde la propia institución.
Así, los responsables que trabajan en la residencia advierten que "no van a entrar más mayores con el argumento de que los excluidos serán en el día de mañana personas asistidas".
A los problemas de convivencia y seguridad en la residencia de pensionistas se suma "desde hace años la ausencia de atención médica a los mayores". En la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se prevé una plaza de sanitario pero con la especialidad de geriatría, y con este requisito no hay médicos disponibles por el momento.
Según CSI-F esto es solo "una mera excusa", ya que existen "soluciones alternativas", como la contratación de un sanitario sin especialidad para dar cobertura a los excluidos sociales que se han incorporado a la residencia y que, al mismo tiempo, podría atender a los pensionistas.
"La situación es insostenible, y reclamamos a la Delegación una respuesta inmediata para que la residencia recupere su carácter de atención a los asistidos y no a personas excluidas socialmente", indica CSI-F.
La Delegación provincial para la Igualdad y el Bienestar Social mantuvo ayer silencio ante estas denuncias tras el intento de esta redacción por conocer su opinión.
Fuente : huelvainformacion.es
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