Bienestar Social tarda más de dos años en conceder las ayudas de dependencia
Pese al plan de choque anunciado hace dos meses por el Gobierno para agilizar el proceso, actualmente se están comenzando a revisar las solicitudes que se presentaron en el primer semestre de 2008.
Los sindicatos consideran que es necesario un cambio organizativo para poder acabar con los retrasos o irán a más.
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias tarda una media de dos años y un mes en resolver las solicitudes para percibir alguna de las ayudas que se enmarcan dentro de la Ley de Dependencia.
Así, lo confirmaba ayer el presidente del Comité de Empresa de la propia consejería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Roberto González, que además señaló que, en la actualidad, los trabajadores de la consejería han comenzado a revisar las solicitudes presentadas durante los primeros seis meses de 2008.
"La organización del trabajo es caótica. El protocolo previsto no es efectivo porque si no no se entiende que en otras comunidades autónomas se tarde un máximo de seis meses en conceder las ayudas y aquí los beneficiarios tengan que esperar hasta dos años", manifestaba ayer González, que considera que lo falla es el procedimiento.
"El protocolo que se comenzó a utilizar cuando entró en vigor la ley se basó en el sistema ensayo-error, de manera que se fue improvisando sobre la marcha y fue ahí donde se produjo el atasco. Ahora, por mucho que quieran resolverlo es demasiada la congestión que existe", dijo.
Aunque el Gobierno ha reforzado el personal para impulsar la aplicación de la ley, en la actualidad son 20.194 las solicitudes baremadas y sólo 6.971 las personas que están percibiendo la ayuda o el servicio que les corresponde. Así, son 53 los trabajadores fijos contratados en cada una de las provincias más 29 de refuerzo temporal, lo que supone 164 trabajadores para algo más de 20.000 expedientes.
A juicio del máximo responsable del comité de empresa "sigue existiendo un déficit de personal, porque si el existente se dedicara sólo al trabajo diario estaría bien, pero como hay tantísimos expedientes pendientes apenas se logra avanzar. Sería necesario contratar a más personas para que saquen las solicitudes que llevan más tiempo acumuludas y que el resto se haga cargo de lo que va llegando".
Esta situación contrasta con el anuncio realizado por la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, hace dos meses sobre la puesta en marcha de un plan de choque para agilizar la tramitación de los expedientes y resolverlos en un plazo máximo de seis meses.
Rojas anunció la contratación de 29 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares administrativos), cuya labor sería la agilización de los trámites de resolución de expedientes".
"Además de esto, hay otras medidas, acordadas con el Consejo territorial de la Dependencia, que permitirán resolver los expedientes en el plazo máximo de seis meses", aclaró la consejera, entre ellas, "el tratamiento de expedientes según el grado de dependencia de los solicitantes".
La consejera confiaba en que dicha medida permitiera delimitar, en la primera fase del procedimiento, la tramitación de expedientes de acuerdo a lo contemplado en el calendario establecido por la Ley de Dependencia, que recordó que "contempla la introducción de fases según los grados de dependencia, dando prioridad a los colectivos con mayor necesidad".
Fuente : eldia.es
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