CASTILLA Y LEÓN - NINGUNA AYUDA INDIVIDUAL VA A SUFRIR RECORTES

César Antón: ´Ninguna ayuda individual va a sufrir recortes´

El consejero de Familia afirma que las políticas de apoyo a las familias han sido "una clave" de la Junta y, pese a la crisis, "lo van a seguir siendo con la Agenda para la Población"

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, el equipo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se afana en el diseño de los presupuestos para el próximo año que, aunque serán una prioridad del Ejecutivo autonómico, también estarán ajustados al patrón de la "responsabilidad y el rigor" para fijar prioridades en función de las necesidades.

Aunque algunos proyectos podrán dilatarse y acometerse en tres años, en lugar de en dos, el responsable de este departamento es firme al asegurar que "ninguna ayuda ni prestación individual va a sufrir recortes en 2011".

"Son prioridades del Gobierno regional", explica, como también lo serán la aplicación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía; la de Servicios Sociales, Impacto de Género y la Ley contra la Violencia de Género, que están ya en el horno parlamentario.

Reconoce que la de Igualdad de las Personas con Discapacidad va algo retrasada, pero asegura que trabajará para que cuente con el respaldo de los afectados.

Ante el "brote" de casos de violencia de género que está sufriendo el país, recuerda a las víctimas la importancia de informarse de los recursos y al Gobierno, la necesidad de los juzgados específicos de Violencia de Género.

Entrado el verano, las Cortes han habilitado el mes de agosto como hábil con el objetivo de aprobar, entre otras leyes, la Renta Garantizada de Ciudadanía ¿Cuándo calcula que podrá comenzar a cobrarse esta prestación?

El decreto de desarrollo lleva casi un mes de tramitación. Tiene que pasar por los órganos de participación de la propia Gerencia de Servicios Sociales; tenemos el compromiso de tratarlo en el seno del Diálogo Social, aunque no esté escrito, y debe pasar por el Consejo Económico y Social y por el Consultivo. Teniendo en cuenta todos estos trámites, que son impuestos, nuestra voluntad es que vea la luz lo antes posible. Además, no podemos tramitar el desarrollo reglamentario hasta que no tengamos el conocimiento exacto de cómo ha quedado el proyecto de ley. Si hemos hecho la Ley en 102 días, queremos que el decreto de desarrollo esté lo antes posible. Es una Ley muy importante. Si el 24 de agosto se aprueba, nos pondremos con todo el procedimiento cuanto antes para agilizar la aplicación.

¿Se atrevería a poner una fecha aproximada y a asegurar que habrá recursos suficientes?

Poner una fecha es muy difícil por todo lo que acabo de citar, y todo va a depender de cómo quede el proyecto de ley. En principio, si no hay grandes cambios en el contenido, nos costará menos. No quiero dar una fecha, pero sí el compromiso de tramitarlo con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que hay plazos que no dependen de nosotros. Por lo que respecta a los recursos, en principio se han calculado unos 27 millones de euros para 6.000 beneficiarios. Es una estimación, teniendo en cuenta que se trata de un derecho que nace ligado a una situación estructural y a una muy coyuntural, derivada de la crisis. Ojalá que no tengamos que destinar tanto dinero y que sean menos las familias que lo cobren, porque implicará que se está generando empleo. Y cuando va bien la economía, se desarrollan también los servicios sociales y la protección.

En pleno diseño del próximo Presupuesto General de la Comunidad para 2011, ¿habrá dinero suficiente para cubrir esta nueva prestación?

El presidente fue muy claro. En 2010 la Junta hizo ya un ejercicio de responsabilidad y de rigor, con un presupuesto en el que se fijaron prioridades en función de las necesidades. El presupuesto de la Consejería de Familia creció el 1,7 por ciento, y el de los Servicios Sociales, en concreto, casi un cuatro por ciento. Pero, ojo, lo dije en la comparecencia de presupuestos, en la Consejería de Familia también hicimos un esfuerzo interno de priorizar para garantizar las ayudas a las familias, las políticas de asistencia en violencia de género, políticas de mujer, para trabajar por la igualdad y avanzar en los servicios sociales básicos y en la lucha contra la exclusión social. Para 2011, el presidente fijó un recorte muy importante, pero entre las cuatro prioridades fijó los servicios sociales en general y la dependencia en particular. Ha salido la orden de elaboración de los Presupuestos Generales para 2011 y, a partir de ahí, las prioridades serán sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, aunque, también es cierto, tendremos que hacer ejercicios de responsabilidad interna para mantener los servicios.

¿Hacia dónde se dirigirá este ejercicio de responsabilidad interna?

Lo que quiero decir, y lo digo con absoluta responsabilidad porque ya lo hemos hecho en los presupuestos de 2010, es que en primer término hay que garantizar las prestaciones individuales ante las situaciones de exclusión social y de cumplimiento de una Ley de Dependencia. Esto obligará a deslizar en el tiempo algunas inversiones. Es decir, si hay una buena cobertura de estancias diurnas, a lo mejor la creación de un nuevo centro de día habrá que hacerlo en tres años en lugar de en dos. Habrá también inversiones en algunos equipamientos que tendrán que esperar. Es una cuestión de responsabilidad. En servicios sociales, lo primero es cubrir las necesidades individuales ante otras inversiones. Esto no indica que deje de invertir, sino que habrá que dilatar proyectos en el tiempo. Lo hemos hecho en 2010 y nos tocará volver a hacerlo, seguramente, en 2011. Ahora hace falta, más que nunca, criterio y prioridad ante las necesidades y la escasez.

¿Podrá mantenerse en 2011 el compromiso del presidente Herrera de no recortar las prestaciones y servicios sociales?

Quiero que quede claro, ninguna prestación va a sufrir recortes en 2011. Las ayudas y prestaciones individuales, tanto a una persona como a las familias, son prioridades del Gobierno regional. Me refiero, por ejemplo, a la atención a las víctimas de violencia de género y a los menores y personas dependientes a su cargo, que se convertirá en un derecho con la aprobación de la Ley; a las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia, a las ayudas a personas con discapacidad, a mayores, a personas en riesgo de exclusión social, etc. Por aquí, los recortes están salvados. Lo que tenemos que hacer es programar y planificar. Por poner un ejemplo, hay ayudas que no existían antes de la Ley para las personas dependientes, como puede ser la ayuda a la familia por cuidados en el ámbito familiar para que el hogar esté adaptado. En consecuencia, igual hay que hacer un ajuste en la línea de ayudas individuales de adaptación de baños, por ejemplo. El que haya habido un recorte en estas ayudas, no es un recorte en sí, lo que ha ocurrido es que quien lo reciba por dependencia, no lo va a recibir por la otra vía. Lo que va a estar garantizado, insisto, es el nivel de protección social con la prioridad de las personas y las familias.

¿Los recortes en el gasto público llevarán a plantearse el copago en los servicios?

El copago existe ya, pero es un debate abierto. En los servicios sociales históricamente se ha fijado un copago en función de la renta de los beneficiarios. Faltaba ordenar todas estas prestaciones fijando una referencia de precios públicos, salto que se ha dado con la Ley de Dependencia. Es la Ley que más claro ha dejado que existe una aportación por parte de los usuarios, aunque en su día algunos lo vendieran de otra forma. También, es verdad, fija unas garantías para los que no tengan recursos. En el fondo este es el sistema progresivo y de justicia equitativa. No obstante, si nos fijamos en nuestros vecinos europeos, quizá sea el momento de dar el salto y abrir el debate, porque los que son gratuitos cuestan, y mucho, y habrá que ver hasta dónde se puede llegar. En todo caso, en servicios sociales lo importante, lo digo así, es poner en sus justos términos medidas de justicia equitativa en función de las situaciones personales de capacidad, renta y patrimonio. Esto es una garantía que en nuestra futura Ley de Servicios Sociales, que está en las Cortes, aparece de forma muy clarita.

El PSCyL denuncia un "recorte de tapadillo" de 6,4 millones en las ayudas en prestaciones sociales, cómo y en qué ha afectado a Familia el ajuste de un 10% de las subvenciones que anunció el presidente de la Junta

Sólo tres cosas. Una, recordar al PSOE mi comparecencia en las Cortes, donde presentamos unos presupuestos con unas prioridades muy claras y muy responsables, como he explicado antes. Yo mismo dije que habíamos reducido determinados gastos y subvenciones. Lo mismo que en políticas de mujer asumimos la garantía a las víctimas de violencia de género, entre otros gastos, en otras dijimos que habría recortes. Por ejemplo, si hemos equipado a las asociaciones con un local, un teléfono y un ordenador, este año no tocaba. Lo dejé muy claro, íbamos a priorizar y, dos, está en el BOCyL por lo que de falta de transparencia nada, de nada. ¿Cómo pueden ahora acusarnos de actuar de tapadillo? Tercero, lo que no me ha gustado nada es que hayan utilizado esos recortes en inversiones para acusarnos de reducir las ayudas a mayores y personas con discapacidad. Es verdad que no se han convocado unas ayudas individuales en discapacidad, pero es que lo más probable es que estén en el Boletín antes de irnos de vacaciones. Y les digo, como dije en las Cortes, no juzguen el presupuesto de 2010 cuando aún no se ha aplicado.

Casi en la recta final de la presente Legislatura, todavía tiene guardada en el cajón la Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad, ¿habrá tiempo para aprobarla?

Hemos cumplido a un nivel muy alto el calendario legislativo previsto, pero reconozco que a estas alturas no tenemos aún aprobado el proyecto de Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad. También, es cierto que nos comprometimos a elaborar cuatro leyes, que han pasado a ser cinco con la renta garantizada de ciudadanía. Lo cierto es que la Ley de Servicios Sociales se ha dilatado porque hemos contado con mucha participación, hasta el punto de que podemos decir que detrás está toda la sociedad de Castilla y León. Para que viera la luz la de igualdad de las personas con discapacidad era necesario que primero viera la luz la de Servicios Sociales. Entregamos a Cermi el borrador del proyecto de ley hace un mes, porque queremos trabajar con ellos. En cuanto pase el verano, comenzarán a reunirse los grupos de trabajo, que ya se han creado, y el calendario dependerá de todos en función de si son necesarios muchos cambios o no.

Mientras, en las Cortes se encuentran otras tres leyes, la de Servicios Sociales, contra la Violencia de Género e Impacto de Género, ¿cómo avanzan?

Están en trámite parlamentario y el trabajo es de los grupos; sé que hay enmiendas que están debatiéndose en las comisiones de las ponencias y que se está trabajando. Yo confío que entre septiembre y Navidades puedan ver la luz las tres leyes. En todo caso, me gustaría ponerme a disposición de todos los grupos, con total respeto al trámite parlamentario, porque son tres leyes de carácter social muy importantes: la de Servicios Sociales es una norma de nueva generación, que da el salto de prestaciones a derechos; la de lucha contra la Violencia de Género, se amplía el concepto de víctimas a los hijos y dependientes a su cargo por primera vez en el ámbito nacional, y la de Impacto de Género es la obligación que se pone la Administración de evaluarlo en todos los ámbitos. Ojalá salgan adelante con el consenso y el apoyo de todos, y se traslade a los ciudadanos que trabajamos juntos para mejorar situaciones.


Por lo que respecta a la Ley de Violencia de Género, parece que las negociaciones con la oposición en las Cortes están encalladas, ¿dónde reside el desacuerdo?

Creo que ha habido un punto de inflexión en junio muy importante, y ahora en el último envite en las enmiendas el acercamiento podría ser mayor. Con respeto absoluto a nuestros representantes en las Cortes, el Grupo Socialista tenía su proyecto de ley y de manera rápida, antes de ver nuestro texto, sacó su alternativa. Luego, viendo las enmiendas, en el contenido no había tantas diferencias.

En los últimos días las mujeres víctimas de maltrato han vuelto a ser noticia, ¿considera que las medidas aplicadas hasta el momento están funcionando?

Viendo el día a día, no hay que negar que existe un brote en España. Las medidas que se han adoptado en Castilla y León han sido respaldas por la sociedad en su conjunto, además de la asistencia integral y la sensibilización. Luego, se han dado pasos importantes como el Pacto Social contra la Violencia de Género; el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llevó a Bruselas el Dictamen contra la Violencia de Género, apoyado por el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas; se han impulsado medidas muy importantes, que van calando, como la formación a profesionales sanitarios, a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de servicios sociales, de la administración de Justicia… Pero, pese a todo esto, es difícil ayudar a una mujer si no recurre a los recursos. Por eso, es necesario que los conozca y que sepa que esta Ley le va a ofrecer protección a ella, a sus hijos y a los mayores dependientes que tenga a su cargo. Y, sin acritud, también lo digo, un juzgado específico de violencia de género facilitaría que una mujer denuncie su caso. Esto es lo que falta. Luego, en la protección, siendo muy difícil, hay programas que no están funcionando, como el de pulseras que anunció el Ministerio de Igualdad hace más de un año.

En la actual situación de crisis, ¿podría haber recortes?

Hay un grupo de trabajo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera que está analizando los costes de la protección social en el ámbito del Estado, como en Educación y Sanidad, que ha hablado de gasto farmacéutico, de subsidios por desempleo y ha hablado de dependencia. Ha habido planteamientos de todo tipo. Pero, es público, que con el Real de Decreto de recortes para el gasto público, la dependencia ya tuvo uno gravísimo. El Gobierno ha metido un tijeretazo a esas expectativas que creó. Hasta el 1 de julio, si la ley establece seis meses para resolver, esos seis meses se cobraban con carácter retroactivo. Ahora no, y eso es ya un recorte. En Castilla y León lo que vamos a hacer, es lo que venimos haciendo, cumplir la Ley. Lo que me temo es que se va a repetir que el mayor coste de este nivel, una vez más, lo van a soportar las comunidades autónomas.

A falta de una evaluación nacional, prevista para este año, ¿cómo observa el desarrollo de esta normativa?

Es cierto que la propia Ley fija una evaluación este año 2010, para ver cómo está funcionando en su calidad, cantidad… Hemos pedido en muchas ocasiones una evaluación seria que no se ha hecho. Sí existen algunos estudios, a los que no se ha dado mucha publicidad, del Grupo de Expertos del Congreso de los Diputados y de la Agencia de Evaluación de la Calidad de los Servicios Sociales, que si no se han divulgado es porque dicen lo que venimos afirmando en Castilla y León desde que se aprobó la Ley: ha ocurrido todo lo contrario de lo que el Gobierno socialista anunció.

¿Qué es lo que ha ocurrido?

Se resume en tres puntos: la Ley ha generado expectativas exageradas que no se han satisfecho; no ha tenido la financiación suficiente por parte del Estado, y lo dicen estos dos informes; y, tercero, no existe la calidad en la atención que la propia Ley establecía. Fijaba como prestación excepcional los cuidados en el ámbito familiar y está ocurriendo todo lo contrario. Lo recogía así porque en los últimos años se ha avanzado mucho en la profesionalización de los servicios sociales y en el control de servicios. La Ley era inteligente en este sentido, pero ha ocurrido todo lo contrario, el 51 por ciento de las prestaciones de media en todo el territorio nacional son cuidados en el ámbito familiar.

Desde UGT y CCOO exigen la acreditación profesional para el sector de ayuda a domicilio, ante el riesgo que podrían correr 5.000 empleos por las exigencias de la Ley de Dependencia, ¿qué va a hacer su departamento en este sentido?

Estamos trabajando con el Ecyl para buscar una solución. Es necesario acreditar la formación de quien la recibe y de quien la imparte. Hay un Real Decreto que fija unos porcentajes concretos de formación en las autonomías, que se ha aprobado muy deprisa y sobre el que no nos han preguntado. El planteamiento que está defendiendo Castilla y León ante el Ministerio es que este Real Decreto se aplique diferenciado a quien lleva ejerciendo como profesional de ayuda a domicilio quince, diez o cinco años, o trabajadores en un centro ocupacional, en una residencia de mayores…Obviamente hay que valorar de forma justa a estos profesionales. Ya existe una formación y prestación de calidad de servicios, con niveles y requisitos de formación. Esto tiene que tener un reconocimiento. Hemos hecho una propuesta al Ministerio para que tenga sensibilidad con estos profesionales. Somos de la opinión de que no se puede aplicar un decreto de forma lineal.

Las políticas de apoyo a las familias son una de las claves del mapa de ruta trazado por la Agenda para la Población, ¿en qué se va a trabajar a medio y corto plazo?

Las políticas de apoyo a las familias han sido una clave del Gobierno de Herrera que comenzaron en 2003. Es más, se aprobó una Ley de Apoyo a las Familias con un abanico de ayudas que se ha consolidado en esta región. Ahora la Agenda para la Población incluye estas ayudas y servicios, con mejoras, en particular en el medio rural, que se irán aplicando de manera progresiva. Entre las prioridades del presupuesto para 2011 figuran algunas medidas a las que hay que poner números, pero que son prioritarias. Podemos hablar de los programas de creación y mantenimiento de centros públicos para niños de 0 a 3 años, con el objetivo de contar con 18.000 plazas públicas en 2015; potenciación de las ayudas de reducción de jornada; de nuevos supuestos en la línea de incentivos para flexibilización horaria; de un servicio de conciliación para situaciones de urgencia, imprevistos y acompañamiento de menores hasta los nueve años; ampliación del cheque servicio para situaciones de emergencia familiar; impulso de racionalización de horarios; ampliación, a partir de 2011, del 35 por ciento del importe actual de las ayudas directas a la natalidad y adopción para las familias residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, etc. De una manera u otra, la Agenda deja entrever que las ayudas directas e indirectas a las familias siguen siendo prioritarias. No quiere decir que haya ayudas que se tengan que reconducir, como por ejemplo ocurre con las ayudas por excedencia, que pueden llegar en algún momento a sacar a la mujer del mercado laboral.


Fuente : laopiniondezamora.es