La Casa de la Caridad daría de comer dos años con el millón para muebles de los diputados
Médicos, jueces y otros cinco colectivos plantean veinte alternativas al dinero destinado para amueblar los despachos
La suma permitiría contratar a 21 jueces para descongestionar los juzgados más saturados
Los discapacitados podrían disponer de 125 plataformas elevadoras y 600 rampas en la calle.
Mesas, sillas y armarios para los despachos de cada diputado.
Les Corts gastarán un millón de euros para amueblar el nuevo edificio destinado a los grupos parlamentarios.
El PP y el PSPV defienden la inversión y justifican que otros Gobiernos regionales han desembolsado más dinero en la misma tarea. Pero lo cierto es que la cifra abruma a médicos, padres de alumnos, responsables de Educación, servicios sociales, dependientes y agentes de la Guardia Civil.
¿Qué harían ellos si dispusieran de esa cantidad? La fugaz hipótesis despierta por momentos su ilusión.
LAS PROVINCIAS ha lanzado esta pregunta a todos ellos.
Más de 20 respuestas brotan en cuestión de minutos.
Unos mil valencianos necesitados recibirían ayudas de alimentación, otros tantos alumnos obtendrían las becas de comedor para todo un curso escolar, podrían arreglarse una decena de cuarteles en ruinas de la Comunitat y sería posible contratar a 21 magistrados para descongestionar los juzgados más saturados.
El dinero destinado al mobiliario institucional podría aliviar el sufrimiento de muchas familias.
Así lo considera el coordinador de Cáritas Diocesanas, Vicent Andreu. En plena crisis, las atenciones a los más necesitados han alcanzado cifras históricas. Calculadora en mano, el resultado de dividir ese millón de euros entre el importe que supone cada ayuda de emergencia para alimentación es contuntente. 1.666 personas podrían recibir estas subvenciones para comer.
Además, Casa Caridad Valencia podría sufragar durante casi dos años el servicio diario de comedor, que a día de hoy cuenta con unos 450 usuarios.
Los padres y portavoces de Educación tienen claro en qué invertir la cifra de siete dígitos. «Debería actuarse en eliminar algunos de los 900 barracones en los que en la actualidad estudian muchos alumnos.
La reforma de las infraestructuras es la primera necesidad a cubrir», destaca la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos FAPA-Valencia, María José Navarro.
El millón de euros bien puede saldar una reivindicación sanitaria que se extiende ya un lustro. Así lo considera el secretario general del sindicato médico CESM, Andrés Cánovas. «La adquisición de un SAMU es una prioridad. Pedimos un equipo nuevo desde hace cinco años», asegura. «Debería destinarse a la Atención Primaria, construir nuevos centros de salud y hospitales así como acondicionar los ya existentes», enumera la responsable de Sanidad del CSIF, Dolly Prunés.
La Justicia en la Comunitat también mejoraría. Podrían contratarse 21 magistrados de nuevo ingreso que aliviarían la situación actual de colapso que viven muchos órganos judiciales. El portavoz de la asociación de magistrados Francisco de Vitoria, José Luis Rubido, apuesta por renovar la mayoría de equipos informáticos, ya anticuados, y los de aparatos de videoconferencias.
Los guardias civiles, el cuerpo de seguridad con más dificultades, ofrecen una alternativa firme: reparar algunos de los cuarteles en ruinas. Pero el abanico de opciones es mucho más amplio. «Si se hubiera destinado ese dinero a comprar guantes de látex y mascarillas no habría que lamentar ahora el brote de tuberculosis de Altea», afirma el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Alicante, Manuel Martínez.
Los familiares de enfermos de alzheimer de Valencia proponen que el millón de euros se invierta en mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia.
Más de un centenar de solicitantes cobrarían las ayudas solicitadas, en ocasiones, hace más de tres años. «También podrían ampliarse los recursos sanitarios para reducir las listas de espera de seis meses», afirma la directora de la asociación, Ana Morón.
El dinero haría más fácil la vida de muchos minusválidos.
De emplearse en ellos, se podrían instalar 125 plataformas elevadas en sus viviendas y dispondrían de más de 600 rampas de acceso en la calle.
Fuente : lasprovincias.es
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