MADRID - 24.000 PERSONAS VALORADAS Y EN LISTA DE ESPERA

Se han reunido con IU en el Ayuntamiento de Madrid

El Observatorio Social de la Dependencia calcula que son 24.000 las personas valoradas y en lista de espera

Creen que el problema no es tanto de presupuesto sino de "falta de voluntad política"

El Observatorio Social de la Dependencia --integrado por CC.OO., UGT, la FRAVM y CECU-- ha calculado que en la Comunidad de Madrid existen alrededor de 24.000 dependientes en lista de espera "con el dictamen realizado y con el derecho (a percibir ayuda) reconocido".


De ello acusan directamente al Gobierno de Esperanza Aguirre ya que creen que el problema no es tanto de presupuesto sino de "falta de voluntad política". Así lo han expuesto la secretaria de Igualdad de CC.OO Madrid, Ana González, y la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Ana Sánchez, después de reunirse con el portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez.

Desde CC.OO. creen que el Gobierno de Aguirre está "priorizando sus intereses partidistas a los de los ciudadanos" y todo ello con una gestión "opaca". Como ejemplo de ella han destacado que los únicos datos conocidos son los aportados por el Ministerio, que detallan que alrededor de 24.000 dependientes madrileños siguen en lista de espera después de haber sido valorados y reconocido su derecho a percibir ayudas.

Ana González ha considerado además que el Ejecutivo regional "maltrata" a las corporaciones locales y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, municipio del que procede el 75 por ciento del volumen de solicitudes de atención a la dependencia en la región.

"El problema no es sólo de financiación, también es una cuestión de voluntad política. Se debe apartar los problemas internos del partido y centrarse en los intereses de los ciudadanos de Madrid y sus derechos", ha apuntado.

Por su parte, desde UGT Ana Sánchez ha apostillado que la gestión regional de la Ley de Dependencia es "lamentable" ya que la Comunidad de Madrid "está a la cola, sólo por delante de Canarias".

"Hay más de 24.000 personas con dictamen realizado y con el derecho reconocido esperando a que la Comunidad de Madrid les preste algún tipo de ayuda", ha subrayado. Todo ello "sin contar las miles de solicitudes guardadas en cajas y que todavía no han sido ni registradas ni valoradas".

A su vez, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, ha señalado que si Esperanza Aguirre, como ella mismo afirmó, conoce la realidad de la dependencia en Madrid eso la hace "responsable políticamente y moralmente también se lo debería hacer mirar".

El problema de fondo es que el Ejecutivo de Aguirre "no cree en esta política pública". "Esperanza Aguirre no creyó en la ley cuando se aprobó en el Congreso, no se la cree ahora, el Gobierno de la Nación no obliga a cumplir la ley, ni el señor Alberto Ruiz-Gallardón se siente afectado por la ley", ha criticado tras sostener que esta norma "debería haber nacido con los equipamientos necesarios y con una política presupuestaria suficiente".


DE LA BENEFICENCIA A LA POLÍTICA SOCIAL

"Creemos que en España queda dar un paso, el de la beneficencia a la política social y del instinto a la conciencia para ser un país totalmente democrático", ha declarado Ángel Pérez. El líder municipal de la coalición de izquierdas ha insistido en que la filosofía de la dependencia "no es la del cheque", una medida sólo apta para zonas rurales al no existir ahí una red asistencial.

"Transferir recursos públicos a bolsillos privados no tiene nada que ver con la dependencia porque no es un negocio. Aplicar la ley no es repartir cheques a las familias ya que lo único que se consigue retener a las mujeres en los hogares cuidando a los dependientes", ha indicado Ángel Pérez.

Aplicarla sería, en su opinión, "incrementar los presupuestos, dotar de equipamientos para la atención personal, contar con personal preparado y no descansar en estructuras privadas para montar un gran negocio alrededor de las personas dependientes".

A todo esto, Ana Sánchez ha añadido que la Comunidad "no se ha creado ni una sola plaza pública de residencia desde que arrancara la ley en esta región, solamente hay conciertos con la empresa privada y esa generación de empleo que motivaría, unos 50.000 puestos, no se cumple, al contrario, se destruye".

El Observatorio ha solicitado a la Comunidad la creación de un comité consultivo para seguir la implantación de la norma así como instrumentos de control e inspección. "La respuesta ha sido cero por parte de la consejería", han sostenido desde el Observatorio.


Fuente : europapress.es/madrid