Soledad del PNV en materia social
Todos los grupos de las Juntas le exigen, a petición del PP, que aumente las ayudas de la Ley de Dependencia y acelere la creación de la unidad sociosanitaria
No fue el mejor día para los bancos del PNV en lo que va de legislatura. Y va mucho.
El grupo jeltzale de las Juntas Generales se quedó ayer solo -ni su compañero de Gobierno, EA, le arroparon- en dos votaciones de calado que hacían referencia a los servicios sociales del territorio.
PP -impulsor de ambas iniciativas-, PSE, la ilegalizada ANV, EB, Aralar y la mencionada EA aprobaron sendas mociones en las que, por un lado, instan al Gobierno de Xabier Agirre a que en el plazo de 30 días ponga en marcha la unidad sociosanitaria conveniada en marzo de 2009 con el Gobierno vasco, y que aún no se ha hecho por el procedimiento concursal en el que está inmersa la Clínica Álava, lugar elegido para la apertura.
De forma paralela, en una estampa inusual, la oposición en bloque respaldó otra iniciativa de los populares en la que se insta a la Diputación a que de «forma inmediata» recupere las ayudas anteriores a las establecidas en el consejo de diputados del 8 de junio, y que rebajaron la prestación económica para el cuidado en el torno familiar correspondiente al grado II, nivel 2 y grado III, nivel 1.
Un recorte de hasta 90 euros al mes, que sólo afectaría a los nuevos dependientes y que nunca sería inferior a lo marcado por el Consejo de la Dependencia que aglutina a todas las comunidades. «Lo que se ha hecho es equipararlas porque en Álava existía un nivel adicional.
Además, hay que fomentar los recursos antes que las ayudas económicas», justificaron destacados miembros del Gabinete Agirre.
Ayer, sin embargo, la procuradora jeltzale María Jesús Aguirre fue más allá y admitió las dificultades económicas que existen para hacer frente a estas ayudas. Incluso tomando como referencia la rebaja acordada en junio, se prevé un déficit superior al millón de euros.
Una deuda que podría superar los tres millones si se tienen en cuenta tanto las prestaciones vinculadas al servicio -ayudas para acudir a un geriátrico privado- como el servicio de ayuda a domicilio.
De ahí que Aguirre defendiera una enmienda en la que apostaba por el establecimiento del nivel adicional quitado, siempre que el Gobierno vasco lo sufrague.
La iniciativa, además de no ver la luz, supuso el reproche del portavoz del PSE, Txarli Prieto, que tras recordar que el Gabinete de Patxi López traerá un convenio sociosanitario mejor para Álava del que intentó aprobar Ibarretxe, lamentó que nadie de la Diputación se haya puesto en contacto con su grupo para analizar esa supuesta dificultad económica que ha llevado a rebajar las ayudas de la Ley de Dependencia.
«Hubiésemos sido sensibles», remarcó. Aguirre, en su segundo turno, le dio la razón y le conminó a negociar con el Ejecutivo sobre esta cuestión.
Futuro de la Clínica Álava
El tono más crítico volvió a llegar de la mano de la PP, cuya portavoz en materia social, Ana Morales, recriminó a la Diputación que se haya convertido en el «Gobierno de los recortes en los servicios sociales» propiciando que haya ciudadanos «de primera y de segunda» a la hora de recibir ayudas de la Ley de Dependencia.
En el asunto de la unidad sociosanitaria de 25 plazas acordada con el Gobierno vasco -se cofinanciará al 50%-, tanto Morales como la juntera socialista Eva Jiménez exigieron que se busquen alternativas mientras la justicia esclarece el futuro y la viabilidad de la empresa. «No podemos seguir perdiendo el tiempo», censuraron.
Desde las filas del PNV, María Jesús Aguirre denunció a posteriori ante los medios de comunicación que la actitud de populares y socialistas «pone en riesgo el futuro laboral de los trabajadores del complejo», por lo que pidió celeridad a todas las partes.
Fuente : elcorreo.com/alava
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