Los presupuestos generales del Estado castigan a las personas con discapacidad
El Gobierno central ha presentado su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que contempla importantes recortes en materia social.
La Ley de la dependencia recibirá 83 millones menos en el 2011.
El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad, COCARMI, lamenta que una vez más los colectivos más desfavorecidos, como el de las personas con discapacidad, sean los más castigados por unos recortes destinados a reducir el déficit público del estado.
Si bien es cierto que la crisis obliga a todo el mundo a ajustar medidas y presupuestos, no es menos cierto que el gobierno intenta rectificar políticas erróneas atacando uno de los pilares del estado del bienestar.
El proyecto contempla uno reducción de 83 millones de euros (el 5,2%) para el Sistema de Autonomía y Atención en la Dependencia (SAAD).
El documento señala que se aplicará la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas durante los primeros seis meses y que se posibilitará el fraccionamiento en el pago de los atrasos de prestaciones ya solicitadas en un periodo de hasta cinco años.
Eso quiere decir, en la práctica, que los ciudadanos tendrán que continuar haciendo frente a los gastos de la dependencia directamente de sus bolsillos y que las ayudas continuarán llegando tarde y mal.
En total, la política de Servicios Sociales y Promoción Social del Gobierno se rebaja un 8,1%. Es cierto que el gasto social acapara el 58% del total de los presupuestos, pero COCARMI lamenta que las políticas estatales sobre discapacidad no queden al margen del recorte económico del Gobierno.
Según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, el Ejecutivo destinará en el próximo ejercicio un total de 1,32 millones de euros al Plan de Acción para Personas con Discapacidad y 5,24 millones de euros más para otros programas dirigidos también a esta población. Supone una suma de 6,56 millones de euros para este colectivo, 1,03 menos que en el 2010.
En materia de integración laboral, uno de los puntales para evitar la exclusión social de las personas con discapacidad, el Estado aportará 44 millones de euros para el abono de las prestaciones derivadas de la Ley de Integración social de Minusválidos (Lismi). Eso representa 6 millones de euros menos que en éste 2010.
Fuente : canalsolidario.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario