GRANADA - FUNCIONARIOS EN PIE DE GUERRA

Funcionarios en pie de guerra

Funcionarios de Igualdad se unen a las protestas contra la ‘privatización’

Empleados públicos de Granada ‘rotan’ sus protestas al margen de sindicatos

"En Igualdad y Bienestar Social llevamos adopciones, protección de menores, subvenciones a título individual que tienen que ser baremadas por una serie de parámetros muy delicados... ¿es lo mismo que eso lo haga un funcionario independiente que un trabajador precario o un contratado ‘a dedo?", se preguntan los empleados de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Granada.

Se trata de la última incorporación a la 'pequeña rebelión' del funcionariado andaluz contra el polémico Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, que consideran una "privatización" de los servicios de la administración autonómica.

Protestan, sobre todo, por considerar que las decisiones que se toman desde su departamento "o en cualquier otro sector de la administración" no deben ‘falsearse’ con la "precarización" de sus puestos, "que los hará mucho más vulnerables a las presiones".

En Granada capital, los distintos empleados públicos llevan organizándose las últimas semanas para 'rotar' sus protestas de delegación en delegación, en unas concentraciones convocadas a título particular y por contactos personales, sin sindicatos.

La parcelación en agencias de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social pasa por su propia fusión con la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, cuyos trabajadores, en régimen de contratación privados, se unirían a los actuales empleados públicos –funcionarios y laborales fijos o temporales– en la futura Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.

Una más de las nuevas agencias de régimen especial que recoge la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), en vigor desde 2008 y prevista en el Estatuto.

De momento, la gestión de la Ley de Dependencia ya pasaría a manos de la Agencia.

Detrás irían Asuntos Sociales y Protección a la Infancia, y finalmente todas las competencias de Igualdad.

Denuncian que se trata de un caso de "derechos fundamentales", ya que vulnera los criterios constitucionales para la función pública.

El empleado público "es independiente y da fe pública de una serie de requisitos, ha jurado la Constitución, se ha ganado su puesto por méritos", frente al ‘contratado’ que, sostienen "o es un 'enchufado' o un precario, y en ambos casos sirve para tener un control férreo de las instituciones y falsear las decisiones".

Fuente : elmundo.es