La Dependencia ha creado ya 4.400 empleos, 2.400 de ellos familiares
El problema es que algunos beneficiarios reciben 500 euros para que un familiar se dé de alta, pero la gran mayoría no lo hace
A la aplicación de la Ley de Dependencia le ha salido un grano.
Dos de cada tres beneficiarios a los que la Junta da dinero para contratar un familiar no lo hace según lo convenido, y esa es la razón principal por la que el nuevo servicio público no está creando todo el empleo esperado.
Las personas que reciben la calificación de dependientes tienen derecho en su mayor parte a una de las dos prestaciones principales: una cantidad mensual para contratar el servicio de atención con una empresa, que hay que justificar con papeles, o utilizar el dinero para pagar a un familiar o vecino que se debe dar de alta en la Seguridad Social.
Esta segunda vía, que la Ley de Dependencia veía como excepcional y minoritaria, se ha convertido en mayoritaria ante la crítica de sindicatos como UGT y de las empresas de atención sociosanitaria; parte del dinero que da la Junta va a empleo sumergido, que además hace competencia desleal a las empresas legalmente constituidas.
Hasta el momento la Ley de Dependencia, tres años después de su aparición, ha favorecido la aparición de 4.400 nuevos empleos, de ellos 2.000 en empresas privadas prestadoras de servicios y los otros 2.400 son familiares que se dedican a cuidar a un beneficiario.
Lejos aún de las cifras de 15.000 o 20.000 puestos de trabajo anunciados en su día, que aunque quedan todavía cinco años de aplicación de la ley es posible que no se alcancen del todo debido a lo que está ocurriendo en el ámbito familiar.
Sólo uno de cada tres
El llamado cuidado 'de entorno' estaba pensado para zonas donde no hay empresas privadas prestadoras de servicios y en ese caso la Junta le da el dinero al beneficiario para que contrate a un familiar o vecino que le cuide.
La ayuda media mensual es de 500 euros y si el cuidador se da de alta en un régimen especial de la Seguridad Social hay otros 160 euros para pagar cotizaciones sociales.
Actualmente hay reconocidas 7.500 prestaciones de ese tipo pero sólo se han producido hasta primeros de octubre 2.400 altas en Seguridad Social, es decir en dos de cada tres casos el dinero no se ha traducido en creación de empleo reglado, indican los datos ofrecidos por Nereo Ramírez, secretario de acción social de UGT Extremadura.
En su opinión es una desviación indeseable sobre lo previsto en la Ley de Dependencia, uno de cuyos objetivos era convertir en empleo legal el esfuerzo de familiares y vecinos cuidando a una persona, y que presumiblemente lo sigue haciendo pero de forma sumergida.
El dirigente de UGT achaca esa anomalía a la velocidad con que ha habido que aplicar la ley y la avalancha de solicitudes recibidas. Desde el ámbito empresarial Ángel Barrera, propietario de una firma de prestación de servicios sociales, critica también este efecto perverso que supone para las empresas -hay 93 acreditadas ante la Consejería de Sanidad y Dependencia- una competencia desleal.
«Una persona sin dar de alta cobra menos, nosotros tenemos que pagar impuestos y aportaciones sociales».
Juan Carlos Campón, director gerente del Servicio de Atención a la Dependencia (SEPAD), reconoce esta realidad pero explica que en algunos casos se han encontrado con que es imposible que el familiar se dé de alta porque ya está jubilado o cotiza en otro régimen. «Estamos tratando de reducir en lo posible esta vía de prestación».
La picaresca está ahí. Con los 500 euros se puede contratar a jornada completa a una inmigrante sin papeles.
Salvando este problema, que en otras comunidades es aún más exagerado, la ley está funcionando razonablemente bien pues lleva tres año de aplicación y aún le quedan cinco hasta 2015, conviene Nereo Ramírez desde UGT.
La vía de prestación que en principio era la principal, la de dar dinero para contratar a una empresa con trabajadores profesionales, es paradójicamente minoritaria con 4.410 beneficiarios reconocidos a fecha del pasado 1 de octubre.
Casi un centenar de empresas trabajan en el sector, algunas son franquicias de grandes firmas nacionales pero la mayoría tienen origen extremeño y en total se han creado 2.000 empleos según la estimación de UGT por lo que por cada dos beneficiarios de la dependencia habría un trabajador; sin embargo la mayoría son por horas, un empleo por unas horas o como máximo de media jornada, lamenta el sindicato.
Esta vía es inexorable y no da lugar a la picaresca ya que para cobrar la prestación, los 500 o 550 euros mensuales, hay que justificar que el servicio de atención está contratado con una empresa y si no la Junta no transfiere el dinero.
Nuevamente a favor de esta modalidad, los sindicatos y las empresas del sector subrayan que se trata de trabajadores con más formación y que por tanto dan a la persona dependiente un servicio de mayor calidad.
La de Dependencia es una ley nueva, que lleva sólo tres años y queda «mucho por matizar», analiza Nereo Ramírez de UGT, que celebra que este apartado vaya a ser el único que sigue subiendo en los Presupuestos de Extremadura para 2011.
Fuente : hoy.es
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