GALICIA - DEPENDIENTES DE LA DEPENDENCIA

Dependientes de la dependencia

Todos los gobiernos regionales coincidían en que la ley de Dependencia nacía coja puesto que suponía una inversión que ninguno podría acometer en solitario

CON esa frivolidad tan característica, identificada ya como norma de la casa, el Gobierno Zapatero diseñó una ley de Dependencia de la que los especialistas estimaron que, lejos de resolver un problema en vías de enquistamiento, con una pirámide poblacional crecientemente envejecida, contribuiría a empeorar la situación por la imposibilidad de generar los recursos suficientes para aplicarla, incluso en épocas de bonanza.

Tanto más en tiempos de crisis. Los hechos han dado la razón, antes de lo previsto, a los analistas más realistas, los que reprocharon a la norma su escasa adecuación a la realidad de un régimen competencial que atribuía a las Comunidades Autónomas la responsabilidad última de la aplicación.

Todos los Gobiernos regionales, incluso los dirigidos por el PSOE en sus múltiples formulaciones —en solitario, en bipartito, en tripartito o en multipartito— subrayaron entonces que la ley de Dependencia nacía coja desde el momento en que suponía una inversión que ninguna podría acometer en solitario.

Hubo quien quiso ver incluso que podría suponer un paso más en el Estado asimétrico, esa entelequia que intentó imponer el presidente del Gobierno durante la pasada legislatura, condenando a todos los ciudadanos españoles a someterse a los designios de la arbitrariedad que faculta para que se presten diferentes servicios y a diferente coste en función del lugar donde residan o hayan tenido la suerte, o la desdicha, de haber nacido.

Como no podía ser de otra manera, Galicia es una de las Comunidades más desfavorecidas, por emplear una definición amable con un sistema publicitado para más escarnio como un gran avance social. La dispersión y el envejecimiento crean un binomio desastroso para la aplicación de una ley aparentemente concebida para sociedades más urbanas.

Con todo, ni los fallos evidentes de la ley, ni los problemas presupuestarios, por muy acuciantes que sean, justifican los incumplimientos de unas administraciones caracterizadas por el agudo contraste entre el escaso nivel de exigencia hacia sus obligaciones frente al rigor con el que suelen abordar los deberes de los administrados.

Bien hace la conselleira de Trabajo en quejarse de los incumplimientos del Gobierno socialista, y mejor aún en exigir soluciones inmediatas, pero, mientras tanto, no se ganan el sueldo ni ella ni sus bien pagados colaboradores —como tampoco lo hicieron sus antecesores, ahora con un acomodo bien merecido en la oposición— mientras queden dependientes gallegos sin acceder a las ayudas a las que tienen derecho.

Si es por problemas económicos, que renuncien a parte de sus prebendas y emolumentos, o que exijan la eliminación de subvenciones y ayudas de mucho menor calado social, aunque afecten a sectores de tanta capacidad de sonora influencia como la cultureta. Si es menester, me ofrezco a prepararles una lista.

Fuente : abc.es