viernes, 3 de septiembre de 2010

ASTURIAS - LAS AYUDAS SE FRENAN

La cifra de dependientes con ayudas cae por primera vez desde 2007

Asturias ofrece 136 prestaciones menos que el mes pasado, pese a tener a 4.514 beneficiarios de la ley a la espera del servicio

Las ayudas a la dependencia se frenan en Asturias.

Por primera vez desde su entrada en vigor, el 23 de abril de 2007, el Principado registra un descenso en el número de asturianos que se benefician de la Ley de Promoción de la Autonomía y Ayuda a la Dependencia.

Entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre, el censo de beneficiarios ha registrado una merma de 136 expedientes. Un descenso que no ha tenido eco en la lista de espera para recibir una ayuda o una prestación con cargo a la misma ley. En un mes, se han sumado 335 casos. Ya son 4.514 los asturianos con derecho reconocido, pero no efectivo.

Esa es la principal lectura que se puede realizar del último balance que de la Ley de la Dependencia hace cada mes el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales).

En el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se refleja que Asturias tenía, a fecha 1 de septiembre, 13.006 dependientes con prestación concedida. Un mes antes, la cifra era de 13.141, la máxima lograda nunca.

En esa bajada alcanzan protagonismo los expedientes relativos a las pagas. Ya sean para que un familiar ejerza de cuidador -capítulo en el que se han suspendido 91 de estos sueldos-, ya para que el beneficiario se busque en la red privada el servicio que no encuentra en la pública. De estos últimos ha habido 64 expedientes menos.

También han disminuido el número de asturianos con ayuda a domicilio -31 casos menos- y la cifra de usuarios de centros de día, establecimientos donde han quedado libres veinte plazas. Por bajar, han bajado hasta los casos de teleasistencia, con tres usuarios menos.

De hecho, en el mes de agosto Asturias sólo sumó dependientes con plaza geriátrica asignada, 58 más, hasta llegar a los 3.317, lo que supone que un 24,41% de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia en la región están en un geriátrico. Se trata de uno de los porcentajes más altos del país, sólo superado por los constatados en Canarias (26,46%), Valencia (32,61%) y Madrid (40,9%).

Esta merma en el número de beneficiarios de la Ley de la Dependencia no se ha registrado sólo en el Principado, sino que las estadísticas del Imserso reflejan caídas también en Andalucía (con 449 casos menos), Aragón (437), Galicia (457) y Navarra (169).

Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la única explicación posible es «la mala gestión» de los expedientes y el «escaso personal» en la tramitación, ya que la cifra de beneficiarios a la espera de recibir la atención a la que tienen derecho sigue subiendo.

Así ocurre en Asturias, donde a 1 de septiembre había 4.514 asturianos con derecho reconocido, pero sin recibirlo. La cifra ha engordado en 30 días, con los 335 expedientes sumados en el mes de agosto y rompe una tendencia a la baja iniciada por el Gobierno regional en los últimos meses.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, en este año de parón, marcado en el calendario de la Ley de la Dependencia y dedicado al análisis de la misma, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se marcó el reto de acabar con las esperas, tanto la de ser evaluado -situación en la que se encuentran 5.281 asturianos- como la de recibir la prestación reconocida. De hecho, se avanzaron cifras históricas: llegar a los 18.000 asturianos atendidos a final de 2010.

Sin embargo, a cuatro meses de concluir el año de parón técnico, y de que se conviertan en beneficiarios las personas con dependencia leve -los de grado I y nivel 2, grado certificado ya en 2.587 expedientes asturianos-, el Principado parece estancado en las listas de espera. Tiene casi 5.000 expedientes que tramitar para llegar al objetivo marcado.

Apoyo a las educadoras
Desde la asociación de expertos, que se ha convertido en el Pepito Grillo de la Administración con sus continuas evaluaciones a la Ley de la Dependencia, se entiende que no hay voluntad política para impulsar esta norma, que implicaría contratar a más personal para gestionar los expedientes.

En Asturias, esa posición la ha defendido la Consejería de Bienestar, en guerra abierta contra la de Administraciones Públicas. La nueva batalla es por tres educadoras despedidas, de las que el comité exige su reingreso.

Fuente : elcomerciodigital.com

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