ALICANTE - LA MITAD DE LOS DEPENDIENTES CON DERECHO A PRESTACIONES, NO LAS HAN RECIBIDO

La mitad de los dependientes de la provincia con derecho a prestaciones aún no las han recibido

Más de 28.000 discapacitados en Alicante tienen reconocido el acceso a las ayudas que contempla la ley, de los que sólo 13.699 las están cobrando

Tenían sus esperanzas puestas en una norma que cuando entró en vigor prometía ser el cuarto pilar del estado del bienestar.

Casi cuatro años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, miles de familias de la provincia continúan esperando las ayudas prometidas mientras se ocupan de sus familiares con una dedicación exclusiva que no entiende de fines de semana, ni de vacaciones.

La "lista de espera" de la Ley de Dependencia en la provincia de Alicante suma ya 14.354 personas, según los últimos datos proporcionados por la Conselleria de Bienestar Social.

Actualmente en Alicante hay 28.053 personas con derecho de grado en vigor, de las que 13.699 están cobrando prestación o recibiendo un servicio, lo que supone el 48,8% del total.

Casi 400 de estas familias, según aseguran desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, llevan esperando las ayudas prácticamente desde el momento en que la ley entró en vigor en enero de 2007.

Es el caso de Sonia Cuenca, que pelea para que la Administración pague el dinero que le corresponde a su hijo Miguel, de 14 años y que sufre un 94% de discapacidad. "El fondo de la ley está muy bien, pero faltan por atar muchos cabos", afirma esta madre para quien las necesidades de su hijo, y con ellas los gastos, van aumentando conforme el crío crece. Grúas para moverle, rampas para el coche, baños adaptados.... la factura es enorme para esta familia a la que la Administración, "según la ley debería estar pagando desde el primer día de presentar la solicitud". Una ayuda que asciende a cerca de 600 euros mensuales en concepto de cuidador informal de un dependiente.

Con todo, para Sonia, los más demoledor "es ver que hay gente todavía peor que tú". De hecho, "en mi edificio somos dos las familias en idéntica situación".
Pero el atasco que sufre el Consell se puede ver agravado a partir del 1 de enero cuando, según los plazos establecidos por la ley, deben incorporarse al sistema las personas con dependencia moderada.

Según cálculos de CC OO sólo en la provincia se sumarán "entre 3.500 y 4.000 personas, que deberán recibir las ayudas contempladas por la ley", explica el responsable de Comunicación del sindicato, Salvador Roig. Una situación a la que se suma el recorte del 8% para el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales en los próximos Presupuestos Generales del Estado anunciado el viernes.

Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, su portavoz, Miquel Martorell, resume de forma contundente el desarrollo que ha tenido la ley. "Los años 2007 y 2008 serán recordados como los del caos y el ruido; 2009 como el de la demagogia y 2010 como el año en que la Conselleria se está viendo obligada a buscar dinero a toda costa para poder hacer frente a sus deudas".

Martorell recuerda "la gran cantidad" de frentes abiertos que mantiene Bienestar Social "con las plazas residenciales para el año que viene en el aire, cientos de personas esperando las ayudas desde 2007 y problemas como el de la retroactividad o las incompatibilidades de ayudas".

CC OO tacha el desarrollo de la Ley de "decepcionante y frustrante". Aunque para Salvador Roig, "todas las comunidades han tenido problemas", la situación de la valenciana "es impresentable como consecuencia de los errores de diseño a la hora de gestionar las solicitudes que las personas dependientes han ido presentado". El sindicato pone como ejemplo de la gravedad de la situación "las 1.804 reclamaciones que el Síndic de Greuges ha resuelto desde 2008 en relación a la Ley".

Después de tres años, sólo un mes de retraso

Tres años y medio ha tenido que esperar Ángela Ballesta para que la Conselleria de Bienestar Social pagase los cerca de 600 euros mensuales que le corresponden a su hija como gran dependiente.

Valoraciones, recursos y una odisea de papeles hasta que el pasado mes de agosto por fin llegó a su cuenta el primer ingreso de la Conselleria. Paradójicamente, y después de todo este tiempo, el departamento que dirige Angélica Such, sólo le ha reconocido "un mes y cuatro días de retraso en el pago de las ayudas", asegura Ballesta. Con apenas 10 años, la hija de Ángela tiene reconocido un grado de discapacidad del 90%, por lo que su madre acogió con esperanza la Ley de Dependencia y solicitó las ayudas a los pocos meses de que ésta entrara en vigor.

Como otras familias de dependientes Ángela vive haciendo equilibrios económicos para llegar a fin de mes. "Estoy divorciada y trabajo limpiando casas cuatro horas al día, el tiempo que la niña está en el colegio. El sueldo apenas me llega y hasta para ir a hacer la compra necesito ayuda". Ballesta se pregunta "en qué se está gastando la Generalitat Valenciana el dinero de los dependientes como mi hija, una ayuda que por ley les corresponde".

Fuente : diarioinformacion.com/alicante