“Un hito histórico”. De esta forma calificó el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, la aprobación de la Ley de Dependencia en enero de 2007. Sin embargo, dos años después de su entrada en vigor, el bagaje no invita al optimismo.
Alberto Echevarría, el Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, no duda en afirmar que, en materia de dependencia, el Estado de Bienestar cojea.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias de España, conocida como “Ley de dependencia”, es una ley vigente en el territorio español que financia los servicios que necesitan las personas dependientes, consideradas como tales aquellas que sufran alguna enfermedad o accidente que les haga inválidas, o por alcanzar la vejez.
La ley establece distintos tipos de dependencia, en función del grado de ayuda demandado por los dependientes. Así, la ayuda económica va de acuerdo con la renta de los usuarios.
¿Qué valoración hace de la aplicación de la Ley de Dependencia hasta la fecha?
La ley era necesaria, por eso la recogimos con gran alegría. Queríamos atender a personas que necesitan ayuda para cualquier actividad de la vida diaria, pero queríamos hacerlo desde el marco de una ley de carácter nacional que englobara todo, que reconvirtiera las 17 normas de todas las comunidades, en una única ley. Pero ahora no sólo tenemos 17 normas, sino que además tenemos 17 Leyes de Dependencia, totalmente diferentes. Los problemas de antaño no han hecho más que agravarse.
¿Cuáles son esos problemas?
Primero, que el encaje jurídico se hace a través de acuerdos del Consejo Territorial. Lo que se traduce en acuerdos light, que dejan todo al criterio de cada comunidad. No establece los servicios que cada centro debe albergar, la formación que debe tener el personal, el protocolo a utilizar… Cada comunidad está haciendo lo que le viene en gana. Por eso una persona que esté siendo atendida en Andalucía recibe una atención distinta de la que recibiría en Asturias.
¿Cuál sería la solución?
Hace falta que el desarrollo reglamentario de esa ley sea único, que unifique las 17 normativas que ya teníamos mediante unos criterios serios y sensatos, donde se estipule cómo se va a atender a las personas dependientes, qué tipo de servicios se les van a ofrecer, y cuál va a ser el sistema de valoración.
¿Cómo se explican las tan dispares calificaciones obtenidas por una u otra comunidad?
Son fruto de una guerra política también presente en materia de dependencia. Si nos fijamos en las valoraciones que hace el Gobierno central las peor calificadas siempre son, extrañamente, las del PP cuando los deberes se están haciendo mal en toda España. Andalucía obtiene la mejor valoración, y sin embargo, cuenta con hasta un 80% de cuidadores informales. ¿Y ahí sí se está aplicando bien la Ley de Dependencia? No destaquemos a unos mejor que otros por cuestiones políticas, porque aquí no hay cuestiones de color.
Según recoge la ley, el Gobierno debiera aportar el 50% del total de la financiación. Sin embargo, nos encontramos con que el Ejecutivo aporta un 6%, un 7% o un 8% en la mayoría de los casos. ¿Cómo se explica esta situación?
Esta situación se produce porque el Estado saca por real decreto cuál será su aportación máxima. Un límite que se estipula de antemano, sin tener en cuenta cuáles son los servicios que se tienen que dar, el número de personas que se deben atender, o el grado de dependencia de estas personas…
Pero en teoría se puede hacer un real decreto de un derecho fundamental…
Por eso Solbes dijo que no es un derecho fundamental, por estar sujeto a los Presupuestos Generales del Estado.
Unos presupuestos que se han visto superados con deudas de 23 millones de euros de media a las empresas del sector en cada comunidad.
Y que ascienden a 35 millones en el caso de Castilla-la-Mancha. Todas las administraciones están con deudas; algunas llevan incluso ocho meses de retraso en el pago de las plazas concertadas. Y sin embargo, las empresas del sector tienen que seguir pagando los salarios de los trabajadores, las cotizaciones a la seguridad social, los impuestos de sociedades por facturas que no hemos cobrado… Están poniendo al borde de la bancarrota a las empresas con la excusa de que no tienen dinero.
¿Es el Gobierno central o el autonómico quien no paga?
El ministerio dice que ha pagado a las comunidades autónomas. Y éstas nos dicen que no han recibido un duro. Las empresas, entretanto, con el problema añadido de que el porcentaje de plazas desocupadas ha ascendido hasta el 25%. Si ya de por sí las empresas que se sitúan por debajo del 80% de la ocupación dan pérdidas, con el retraso de los pagos, muchas de ellas están cayendo en la quiebra.
Y el usuario, el perjudicado…
La Administración tiene un número de plazas muy limitadas. Si a esto sumáramos el cierre de las empresas privadas, muchas personas dependientes se verán en la calle.
Con esta realidad, ¿es optimista?
Como empresario tengo la obligación de serlo. Pero a corto y medio plazo la situación no mejorará si no se deja de lado la cuestión política para pasar a tomar soluciones reales. Empresarios y sindicatos tenemos claro el camino: la aplicación de la ley de manera homogénea en todo el país.
“¿Personas mayores al cuidado de dependientes?”
Para que la aplicación de la Ley de Dependencia en España alcance los niveles europeos, Alberto Echevarría considera requisito sine qua nom la consolidación de una prestación económica vinculada al servicio profesional reclamado: “A diferencia de lo que ocurre en Alemania, en nuestro país el 80% de las prestaciones económicas recaen en manos de cuidadores informales. Así se está condenando a no profesionales a prestar un servicio los 365 días del año, por apenas 500 euros al mes”.
Pero hay otro dato más alarmante: “de los 180.000 cuidadores informales, sólo 70.000 están dados de alta en la Seguridad Social. Los 110.000 restantes se corresponden en su mayoría con pensionistas. O sea, ¿mayores cuidando de mayores?”
Con la profesionalización del servicio se otorgaría al usuario, además, “la posibilidad de elegir el centro en función de sus gustos, caprichos y necesidades en un marco de competencia que aseguraría el incremento de la calidad a un precio cada vez menor”.
Fuente : rowlands.maars.net
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