Bienestar achaca el recorte de ayudas a la dependencia a «desajustes» estadísticos
Niega que haya caído la cifra de beneficiarios, pero los empresarios geriátricos dicen que «hay menos dinero y usuarios que en 2009»
En las estadísticas que de la Ley de la Dependencia hace cada mes el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) hay «notables desajustes» porque el Principado ha decidido «priorizar la resolución de expedientes en lugar de actualizar los datos» que Asturias tiene que facilitar al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Así justificó ayer la Consejería de Bienestar Social y Vivienda lo que, tal y como adelantó EL COMERCIO, evidencia el último informe del Imserso: que desde el pasado mes de agosto Asturias ha recortado 400 ayudas con cargo a la ley que promociona la autonomía personal.
En un comunicado oficial, la Dirección General de Prestaciones y Servicios achacó las cifras negativas que recogen las estadísticas oficiales «a que hemos decidido no priorizar durante el verano la tarea de grabar mensualmente los datos de gestión al sistema informático del Imserso», ya que han preferido «que el personal disponible se centre en la resolución de expedientes para agilizar los plazos de tramitación».
Es decir, que el Imserso publica datos inexactos sobre la evolución de la ley en Asturias porque la propia consejería no actualiza la cifra real de expedientes.
Y lo hace al entender que esas estadísticas «sólo tienen validez, a efectos de financiación, en dos fechas: el 1 de enero y el 1 de julio».
452 nóminas más
Así, desde la Dirección General de Prestaciones y Servicios Sociales se asegura que, en lugar de haber disminuido en casi 400 personas la relación de beneficiarios, desde agosto se han incorporado al sistema «452 nuevas personas» que suponen «un crecimiento neto de 114 prestaciones», ya que en el mismo periodo bajaron 332 prestaciones, de las que «111 corresponden a beneficiarios que han cambiado la prestación por un servicio».
Más de 3.000 camas libres
La versión oficial, sin embargo, no es aceptada por las patronales geriátricas, desde se constata que «hay menos dinero y usuarios que hace un año». Así lo afirmó la presidenta de la Asociación de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema), Ana Gil, quien explicó que «lo que todos vemos es que la ley está parada, que no hay dinero o, por lo menos, no lo destinan a estas ayudas, sino a crear plazas públicas, cuando ellos mismos reconocen que hay oferta privada libre».
En esa línea, la presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de Tercera Edad (AARTE), Teresa Rodríguez, asegura que «tenemos un 20% de camas libres», lo que supone más de 3.000, «porque están haciendo caja con la ley. Se llevan a nuestros residentes a las plazas públicas».
Fuente : elcomerciodigital.com
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