CASI UN CUARTO DE MILLÓN DE PERSONAS, EN EL "LIMBO" ADMINISTRATIVO

Casi un cuarto de millón de personas se encuentra en el denominado ‘limbo de la dependencia’

Antonio Sanabria, director del área de estudio de la Fundación Alares, en la presentación del informe ‘Situación Actual de Implantación de la Ley de Dependencia y Propuestas de Mejoras: Avances y retos en la calidad de vida de las personas’, que se ha celebrado esta mañana en Madrid, ha destacado que ‘‘casi un cuarto de millón de personas se encuentra en el denominado limbo de la dependencia’’. Es decir, aquellas personas que tienen reconocido el derecho a una prestación económica o servicio pero que todavía no lo recibe.

Antonio Sanabria, director del área de estudio de la Fundación Alares Antonio Sanabria señala que se trata de ‘‘una situación insostenible para la mayoría de los familiares que ven cómo sus parientes se encuentran al margen de la Ley de Dependencia y se les priva de todo tipo de prestaciones sociales ’’.

De la investigación, que ha elaborado la Fundación Alares, se desprende cómo desde su aprobación el 1 de enero de 2007, la Ley de Dependencia no sólo ha generado importantes diferencias de tratamientos entre Comunidades Autónomas, sino que también “está alimentando la economía sumergida”. Asimismo, revela un incremento en las prestaciones económicas, que está provocando efectos sobre los servicios necesarios para atender a las personas en situación de dependencia.

Durante el encuentro, los participantes hicieron hincapié en que los procesos de cambio demográfico, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la falta de políticas de conciliación de la vida personal y familiar “hacen necesario no sólo el desarrollo de los servicios vinculados a la dependencia, sino de otros complementarios de atención a las personas”.

Portavoces de la Fundación sostienen que en estas cuestiones reside la clave para la regulación y de un nuevo yacimiento de empleo basado en el cuidado. Para Javier Benavente, presidente de Alares, los Servicios a la Persona (SAP) son la clave y, por ello, propone sacar a la superficie una actividad que “puede desarrollarse a escala estatal, además de garantizar el empleo digno, la calidad de los servicios, así como la formación y la especialización”.

El estudio advierte de la posibilidad de que la Ley de Dependencia pueda llegar a convertirse en “una vía para mantener el tradicional modelo de cuidados familiares y agudizar así la desigualdad de género”, en contra de lo que defiende la propia norma.

Fuente : gestionresidencial.com