Los geriátricos piden hasta 176 euros más al mes por cada usuario dependiente
Bienestar ha elaborado una oferta para subir el precio público, pero está a la espera del visto bueno de Rabanal para ofrecerla a la patronal
Hasta 176 euros más al mes, en el caso de que el usuario tenga el máximo nivel de dependencia, el grado III y nivel 2.
Si la falta de autonomía del cliente queda limitada al grado II, la petición de los empresarios es un incremento de 131 euros más al mes.
Esa es la petición que los propietarios de los geriátricos privados que conciertan plazas con el Principado han realizado a la Consejería de Bienestar Social.
En total, supondría pasar de los 1.240 euros al mes que cobran por cada plaza, sin identificar el grado de dependencia del usuario, a los 1.371 euros, para los de grado II, y a los 1.416, para el grado III.
Y esas son las cifras que, según ha podido saber este periódico, figuran en el documento que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha enviado a la de Economía, para que verifique si el cambio de precio público pactado con los empresarios privados puede llevarse a cabo.
La consejera de Bienestar, Noemí Martín, ya había avanzado los equipos jurídicos de su gabinete estaban buscando la fórmula para atender a las peticiones de los geriátricos, al entender que eran «justas», puesto que el precio público vigente, 1.240 euros, no alcanza a cubrir las nuevas condiciones que la acreditación implantada por el Principado obliga a cumplir a las residencias de mayores.
El documento de Bienestar recoge un incremento de 131 euros al mes, para los usuarios beneficiarios de la Ley de la Dependencia y con certificado de que su falta de autonomía es de grado II, y de 176 euros para los que alcanzan el grado III.
La subida es defendida desde el departamento de Noemí Martín como «necesaria», ya que los empresarios que tienen plazas concertadas con el Principado, desde el 1 de junio pasado deben contar con más plantilla, hasta un 40% de incremento, así como servicios específicos para los usuarios que cobran de la Ley de la Dependencia.
«Iremos al juzgado»
La noticia de que Bienestar ha encontrado una fórmula legal para pagarles, ya que los conciertos en vigor fueron adjudicados antes de la entrada en vigor de la acreditación, ha paralizado la demanda que la Asociación Asturiana de Centros Geriátricos (Ascege) tiene pensado plantear contra el Principado.
Tal y como adelantó este periódico, en junio Ascege planteó un ultimátum al Principado, tras advertirle que o incrementaba el precio público «que, con los recortes, nos supone que pagan 40 euros al día por cada residente con dependencia», o la patronal iría a los tribunales «para exigir la subida de tarifas, ante el cambio unilateral de las condiciones por parte del Principado, que nos obliga ahora a tener la acreditación, con lo que ello conlleva».
El presidente de la entidad, Arsenio Alonso, explicó que los empresarios «estamos poniendo todo de nuestra parte» y que entienden «el momento difícil de la economía, así como la buena voluntad que nos asegura la Consejería de Bienestar», pero si desde el departamento que dirige Jaime Rabanal «no llega una respuesta pronta, iremos a los tribunales».
Los empresarios habían planteado, también, anular los conciertos, lo que obligaría al Principado a hacerse cargo de las 2.000 plazas que, ahora mismo, ocupan usuarios de la red pública, pero en alojamientos privados, ante la falta de plazas libres en los dispositivos de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Martín ya advirtió que ese abandono «no puede darse». La respuesta está en la consejería de Rabanal.
Fuente : elcomerciodigital.com
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