EUSKADI - LA CRISIS OBLIGA A CUIDAR AL ABUELO EN CASA

Caen los índices de ocupación en las Residencias

La crisis obliga a cuidar al abuelo en casa

La concesión de ayudas para atender en el hogar al anciano crece mientras se vacían las residencias

Los ingresos se demoran tanto que muchos ancianos prácticamente van a morir a los geriátricos.

La crisis económica ha impactado también en el sector de las residencias de la tercera edad, cuyos gestores se enfrentan a un panorama de «incertidumbre» mientras ven cómo caen los índices de ocupación a la vez que se reducen los fondos que reciben de las Administraciones públicas.

En Euskadi comienza a extenderse un fenómeno detectado hace ya tiempo en comunidades donde la recesión ha azotado con más saña: las camas de los geriátricos se vacían en un lento goteo y los ancianos se quedan cada vez en mayor medida al cuidado de sus allegados.

En casos de familias afectadas por el paro, el abuelo es atendido por la persona que no trabaja y su pensión pasa a sostener la maltrecha economía familiar.

De este modo, además, el anciano aporta otra fuente de ingresos al hogar: la ayuda que la Ley de Dependencia otorga por cuidados en el entorno familiar, que puede ascender hasta los 520 euros mensuales y a la que los geriátricos culpan en buena parte de su pérdida de negocio.

Las últimas estadísticas del Imserso corroboran la tendencia que ha hecho saltar las alarmas entre los responsables de las residencias privadas. En septiembre, las ayudas económicas reconocidas para el ingreso en un centro geriátrico descendieron en Euskadi un 7,2% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las subvenciones concedidas para cuidados en el ámbito familiar (PECF) se dispararon un 23%.

En la actualidad, 34.521 vascos se benefician de las distintas prestaciones contempladas por la Ley de la Dependencia; de ellos, 17.221 reciben las PECF, mientras que otros 8.231 ocupan plaza pública en una residencia, según los últimos datos del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales correspondientes al pasado 27 de septiembre.

La Ley de la Dependencia, por tanto, se ha convertido para el sector en un arma de doble filo. Por una parte, su entrada en vigor supuso un auténtico revulsivo para el negocio: en los últimos seis años, el número de plazas residenciales aumentó un 25% y las administraciones se veían obligadas a establecer conciertos con los centros privados para dar salida a las numerosas demandas.

Sin embargo, a medida que avanza la implantación de la norma «se observa cómo el peso de la atención residencial disminuye en favor del cuidado familiar, una figura que la ley prevé como excepcional y que representa casi la mitad de las prestaciones», apuntan los expertos de Pricewaterhouse Coopers en su último informe sobre el sector.

En Euskadi, de hecho, los beneficiarios de estas ayudas representan ya el 49,8% del total frente a los ingresos residenciales, que suponen el 23,8%. En otras comunidades autónomas, este fenómeno es todavía más acusado y más del 80% de prestaciones se refieren a las ayudas por la atención en el hogar.

En época de bonanza económica, ingresar a un anciano en un centro era una opción factible y accesible; ahora, sin embargo, es cada vez más un lujo que puede llegar a quedar en manos «de un sector privilegiado de la sociedad», advierte Manuel Merino, presidente de Lares Euskadi, agrupación que engloba a una treintena de geriátricos del País Vasco.

De momento, las listas de espera - cada vez menores, eso sí- que gestionan las diputaciones garantizan el grueso del negocio, pero los ingresos de los centros están menguando: no sólo por la menor demanda de las plazas privadas, sino por el ajuste presupuestario aplicado en el gasto social por las autoridades.

En Vizcaya, por ejemplo, la Diputación no ha activado este año todas las camas que tenía concertadas en geriátricos con menor demanda y ya no subvencionará las plazas que no estén ocupadas, lo que constituía una fuente de ingresos fija para los geriátricos. «Esta circunstancia, unida a la congelación de precios públicos, ha hecho que nos encontremos en una situación de inseguridad», apunta Merino.

Tambien se ha cerrado el grifo de ayudas para reformas.

Guerra de precios

En algunos casos, los menos, las familias se han visto obligadas a sacar al abuelo de la residencia. No es lo común, advierte Merino, pero también sucede. Lo más habitual es que se demoren los ingresos hasta que «el deterioro del anciano es tan grande que la familia no puede más y entonces solicita la plaza».

En consecuencia, los responsables de los geriátricos constatan un aumento de la edad media de los residentes y, consecuentemente, una considerable reducción del tiempo que permanecen ingresados. «Hemos pasado de que el anciano pase seis o siete años a apenas 3 ó 4 meses». Los mayores van prácticamente a morir a los geriátricos.

En 2009, el porcentaje de camas vacías en los centros rondó el 15 % de media, pero la desocupación se ha disparado en los centros ubicados en entornos rurales que, con mucha menos demanda, están padeciendo en mayor medida los efectos de la crisis. La amenaza de despidos e incluso de cierre planea sobre estas residencias que, en algunos casos, han decidido condicionar su supervivencia a una estrategia «equivocada», a juicio del gerente del Grupo Euskoges, Gabirel de Azaola.

Con el fin de captar clientela, algunas residencias han decidido bajar las tarifas a niveles «insostenibles», lo que puede desembocar en una «peligrosa guerra de precios». «Sabemos que hay centros que incluso ofertan plazas por debajo del precio público» que establecen las diputaciones», asegura Azaola.

Pero no hay trucos mágicos y el abaratamiento de la oferta sólo puede conseguirse a través del recorte en servicios y recursos humanos, una dinámica que pone en juego la calidad de la atención a un colectivo tan sensible como es el de los ancianos. «No conviene a nadie, ni a las empresas por la caída de la rentabilidad e incluso pérdidas, ni a los clientes, que ven deteriorado considerablemente el servicio», apunta Gabirel de Azaola.

Así, el gerente de Euskoges teme que los recortes se concreten no tanto en necesidades primarias como la alimentación, pero sí en la eliminación de «trabajos de terapia ocupacional, excursiones, lavandería o incluso en el recorte de horas de cuidados de enfermería».

¿Las consecuencias? «Se podrían agudizar los problemas derivados de la pérdida de control en la administración de la medicación y aumentarían las situaciones de inmovilidad, lo que podría derivar en úlceras o infecciones de orina.

También acarrearía un mayor aislamiento de la persona y un agravamiento de su deterioro cognitivo por la falta de estímulos».

El gerente de Euskoges recomienda a las familias que «se plantean sacar a sus mayores en una residencia» o a las que «retrasan en exceso el ingreso del anciano», que «estudien bien las necesidades del dependiente y se informen de las ayudas».

Hay casos en los que, por desconocimiento, los allegados de un gran dependiente descartan la opción de la residencia «cuando es posible que tengan derecho al ingreso a un costo asumible y razonable».

Fuente : elcorreo.com/alava