El Principado revisará los expedientes de los 2.874 casos de dependencia leve
2.874 expedientes de personas con dependencia serán revisados.
Son todos los que afectan a los asturianos con falta de autonomía de grado 1 nivel 2. Es decir, todos los que afectan a las personas que tienen derecho a beneficiarse de la Ley de la Dependencia desde el 1 de enero pasado.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda se pondrá en contacto con todos ellos para ofrecerles revisar su caso «por si su situación ha variado».
Así lo confirmó el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, quien justificó ante la Junta General del Principado la decisión del departamento que dirige Noemí Martín «en ofrecer la mejor atención posible, ya que, quizás, las personas con dependencia leve hayan sido valoradas hace mucho tiempo y, ahora mismo, cuando ya entran en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), su caso sea más severo y tengan derecho a más servicios».
Aunque insistió el viceconsejero en que la medida se realiza «por el bien del usuario», lo cierto es que la propia Ley recoge que, en cualquier momento, las personas beneficiarias pueden solicitar la revisión de grado, si creen que su condición personal ha cambiado.
5.764, en el 'limbo'
Por lo que, en la práctica la medida puede traducirse en «nuevos retrasos», según le replicó la diputada del Partido Popular Inmaculada González, «porque ya está bastante atascada la Consejería en la tramitación normal, para ahora volver a reexaminar los expedientes».
Se refiere a los 5.764 asturianos que, con derecho reconocido a beneficiarse de la Ley de la Dependencia aún esperan por las ayudas, situación calificada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales como 'limbo'. Son los que aún no han llegado a un acuerdo Bienestar sobre el servicio que necesitan. Es decir, los que no han firmado el Plan Individual de Actuación (PIA).
Para resolver esos casos atascados, el viceconsejero comprometió un nuevo calendario: «en tres meses». Lo hace para cumplir los compromisos alcanzados en el Consejo Interterritorial, en octubre pasado, cuando el Ministerio de Sanidad reiteró que el plazo máximo entre presentar la solicitud y recibir la ayuda deben ser seis meses.
El que marca la Ley desde 2007
Fuente : elcomerciodigital.com
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