Desde la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Personal, comúnmente llamada ley de la dependencia, son innumerables los aspectos que han provocado retrasos por mor de una complejidad administrativa importante, unida a una falta de financiación del Gobierno de España que han colapsado el servicio a las comunidades autónomas y a los ciudadanos como últimos, y primeros, recepcionistas del servicio.
Si a todo eso le unimos la parcialidad y sectarismo que el Gobierno y el partido que lo sustenta, el PSOE, está haciendo con las comunidades no gobernadas por su signo político, el panorama no puede ser más desolador para las familias necesitadas de ese servicio.
No suficiente con todo esto, sorprende la actitud de determinados Ayuntamientos de nuestra provincia que en lugar de remar hacia el interés general, se dedican a boicotear cualquier iniciativa que se emprenda para mejorar la situación desde la Generalitat valenciana intentando salvar el boicot del Gobierno de Zapatero a nuestra Comunitat y nuestros ciudadanos.
Me estoy refiriendo a la iniciativa de la Generalitat, junto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de poner al servicio de agrupaciones de municipios 7 millones de euros para contratar personal al servicio de los entes locales para agilizar la tramitación de la dependencia.
Pues bien en nuestra provincia, 3 ayuntamientos socialistas, a saber, Benicàssim, Onda y l’Alcora han decidido retrasar al máximo la aplicación de ese servicio en sus municipios, que debía empezar el 1 de enero.
¿Es eso un ejemplo de apoyo a los dependientes? Evidentemente no. Es un nuevo palo en las ruedas para boicotear una ley estatal e intentar culpar al Gobierno autonómico de los despropósitos que estos ayuntamientos socialistas, en beneficio propio y en contra de los intereses de sus ciudadanos están realizando.
Esta es la realidad municipal de estos ayuntamientos y el boicot a una ayuda de la Generalitat que sufraga el 100% de los gastos, por cierto sin recibir un solo céntimo de euro de las arcas estatales para estos menesteres, y es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero trata a nuestros dependientes con mínimos al no aportar el 50% que debería aportar el Estado para financiar la aplicación de la ley en nuestra Comunitat
Fuente : elperiodicomediterraneo.com/noticias
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