Bienestar Social paga en intereses lo que costaría atender a 30 personas en un geriátrico
La Generalitat desembolsa cerca de 300.000 euros por la demora en el abono de las plazas subvencionadas a las residencias privadas de la Comunidad
El retraso en el pago a las residencias de ancianos de la Comunidad Valenciana que tienen plazas subvencionadas le está saliendo caro a la Conselleria de Bienestar Social.
El departamento que dirige Angélica Such ha tenido que desembolsar 300.000 euros sólo en concepto de intereses por la demora en el pago a los geriátricos, según han informado fuentes del sector empresarial de la dependencia afectados por estas demoras.
Esta cuantía corresponde al retraso en el pago del mes de diciembre de 2009, un dinero que ascendía a 4 millones de euros y que ahora están comenzando a cobrar las residencias, con más de un año de retraso.
Los intereses por esta demora que, según las mismas fuentes afectó a todas los centros privados de la Comunidad Valenciana que tienen plazas concertadas, alcanzan aproximadamente los 300.000 euros. Con este dinero, se podría pagar la estancia de 30 personas dependientes durante un año en una residencia.
Pero este no es el único desembolso "extra" que tendría que hacer la Conselleria de Bienestar Social en concepto de intereses. Según han confirmado a este medio algunas residencias, la Generalitat ha vuelto a retrasarse en el pago de las plazas subvencionadas.
Algunas de estas empresas no reciben el dinero desde el pasado mes de septiembre, lo que les está ocasionando graves trastornos a la hora de afrontar sus gastos y las nóminas de sus trabajadores.
Tensión desde agosto
Las relaciones entre la Conselleria de Bienestar Social y el sector de la dependencia se tensaron a finales del mes de agosto, cuando se supo que la Generalitat estaba barajando la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renovaran a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008. Las residencias dieron la voz de alarma, ya que 700 ancianos en la provincia de Alicante podrían quedarse sin su plaza geriátrica.
Tras semanas de negociación y movilizaciones por parte de los familiares, la Conselleria renovó estos acuerdos con las residencias por un plazo de nueve meses. Los empresarios del sector se muestran intranquilos sobre el futuro de estas plazas cuando finalicen estos contratos sobre el mes de mayo.
La desaparición de estas subvenciones no sólo afectaría a unos 1.800 ancianos en la Comunidad Valenciana que ahora disfrutan de estas ayudas contempladas en la Ley de Dependencia sino que también "abocaría al cierre de unas 50 residencias en las tres provincias, 15 de ellas en Alicante", según las estimaciones del sector.
Mientras, la Ley de Dependencia continúa sus plazos y durante 2011 empezarán a ser atendidos los dependientes moderados (grado I, nivel 2). Esto supone, según cálculos de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, que a partir de este año se incorporarán al sistema 9.827 personas en toda la Comunidad Valenciana.
La "lista de espera" de la Ley de Dependencia en la provincia de Alicante suma 14.354 personas, según los últimos datos proporcionados, el pasado mes de octubre, por la Conselleria de Bienestar Social.
En Alicante hay más de 28.000 personas con derecho a la ayuda en vigor, de las que cerca de 14.000 están cobrando prestación o recibiendo un servicio, lo que supone el 48,8% del total.
Doscientos euros al mes del Gobierno
La Generalitat Valenciana subvenciona el 80% del coste las plazas de accesibilidad concertadas para dependientes en las residencias geriátricas de la Comunidad. Al mismo tiempo, recibe del Gobierno central 200 euros al mes por cada plaza. Por otro lado, la crisis y el atasco de la Ley de Dependencia están pasando una importante factura a las residencias de ancianos.
La provincia de Alicante ha perdido en el último año unas 400 plazas geriátricas, según denuncia la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte).
Estas 400 plazas corresponden, asegura el presidente de Aerte, Alberto Giménez, "a las cuatro residencias que se han visto obligadas a cerrar sus puertas en los últimos meses y a aquellas que, aún estando terminadas y listas para funcionar, no pueden hacerlo" por la lentitud en la aplicación de las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia. La última residencia en cerrar fue un centro de Elche a principios de año con 50 residentes.
Fuente : diarioinformacion.com/alicante
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