Una avalancha de 6.000 afectados pedirá este año ayudas a la dependencia moderada
Relativamente resueltas las solicitudes de las personas con serias carencias para resolver su vida con autonomía -el 89,01% con derecho a prestación la reciben-, la legislación que entró en vigor en abril de 2007 incorpora este año un importante volumen de posibles demandantes de ayuda al extender su cobertura a los dependientes de Grado 1 Nivel 2, es decir, a los moderados.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades espera una considerable avalancha de solicitudes, dado que calcula que hay más de 5.700 personas con algún tipo de discapacidad que entrarían en tal catalogación en Castilla y León (133.000 en toda España).
Son muchas las personas que previsiblemente presentarán este año su solicitud; aunque finalmente no cumplan las condiciones para ser beneficiarias y también las hay que ya están valoradas al haber entregado su petición en años pasados y no haber cumplido entonces con los requisitos.
En este caso, buena parte del trabajo de tramitación ya está realizado. En torno al 25% de las demandas presentadas desde 2007 hasta ahora no han tenido finalmente derecho a la ayuda; pero hay que estudiar cada caso y elaborar un dictamen igualmente.
El carácter de leve puede provocar además más dudas sobre el cumplimiento de los requisitos y traducirse en una mayor demanda porcentual o, al contrario, en eliminarse el propio usuario por no considerarse suficientemente afectado.
Demanda creciente
Junto a los 'nuevos' dependientes para la actual cobertura de la ley, están los que cada año se incorporan a los grados más duros, bien porque todavía no habían presentado su solicitud, bien porque su situación ha empeorado. Los datos de los últimos años hablan de una demanda de nuevas peticiones de 2.800 personas cada mes; pero las solicitudes de los casos más graves podrían empezar a frenarse por estar atendidos ya.
La demanda ha experimentado un continuo incremento y así, mientras el primer año de aplicación de la Ley 39/2006 apenas contabilizó 267 tímidas solicitudes y ninguna prestación concedida, el pasado ejercicio ya sumaba un acumulado de 84.575 peticiones, 15.869 nuevas respecto a 2009 que ya había sumado a su vez 25.847 solicitudes.
La baja demanda de 2007 contrastó, no obstante, con los miles de beneficiarios que registraron el resto de las comunidades españolas. El enfrentamiento político de una normativa estatal que desarrollan los Servicios Sociales autonómicos, pero con cofinanciación del Gobierno central, y la falta de desarrollo normativo explican los primeros bajos datos.
Desde entonces y hasta el pasado abril, mes en el que se cumple cada aniversario de la aplicación de la ley, la demanda de solicitudes ha crecido exponencialmente hasta sumar 84.575 en la actualidad y contabilizar, durante los pasados años, una media diaria de solicitudes de entre 63 y 93, según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La ley incorpora como beneficiarios este y el próximo año a las personas valoradas como de Grado 1 Nivel 2 y las del Nivel 1, en 2013 y 2014.
La normativa establece como Dependencia Moderada Grado I los casos en que una persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida cotidiana, al menos una vez al día.
Y los niveles, los diferencia en función de la autonomía, la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales sobre cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias; así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria
También los centros de acción social (CEAS) bareman la atención y el cuidado que requiere la persona y las que necesitan, en especial, los que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en su comunidad.
Según los últimos datos de la Consejería de Familia, a fecha del pasado día 1 de enero, son ya 84.575 las solicitudes presentadas; 76.491 los dictámenes y 54.862 las personas con derecho a prestación en Castilla y León, es decir, casi el 72% respecto a los dictámenes. A los restantes 21.629, que tienen reconocida su situación de dependencia, no les correspondía a fecha del 1 de enero recibir servicios o prestaciones dado que no son ni del grado 3 ni del 2.
De las 54.862 personas dependientes con derecho a prestación, 48.830 tienen identificadas y reconocidas 54.288 ayudas, ya que una persona puede tener varias.
Estos apoyos se reparten entre 32.442 que son servicios (59,76%) y 21.846 que optaron por aportes económicas de cuidados en el entorno (40,24%). Así de los primeros, la mayor demanda, 8.722, es la de ser atendido por un centro residencial (16,07%); 3.324 personas optaron por un Centro de Día (6,12%); 5.068 por el Servicio de Ayuda a Domicilio (9,33%); 1.569 por la Teleasistencia (2,89%); 11.393 se decidieron por la prestación económica vinculada a la adquisición del servicio (20,99%), y 2.325 por la prestación de promoción de la autonomía personal (4,28%). Además, hay 41 personas atendidas por un asistente personal (0,08%).
En cuanto a las prestaciones económicas en el entorno familiar, hay 21.846, el 40,24%, que recibe esta ayuda. La Gerencia de Servicios Sociales también realiza una comparativa con la implantación y desarrollo de esta normativa en otras comunidades. Así destaca que, en cuanto a solicitudes y dictámenes, Castilla y León se encuentra en la media española, pero respecto al porcentaje de personas con derecho a ayudas, la comunidad se sitúa por encima de la media. Castilla y León llega al 71,72% mientras el conjunto del territorio español se frena en el 65,29%.
En el análisis de la concesión de prestaciones, también destaca que esta comunidad es una de las autonomías que más prestaciones ha concedido en total, y una de las que tiene menos casos pendientes de concesión, el 10,99%.
Fuente : nortecastilla.es
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