La fuerza de la ley y la justicia
Punto de vista..JOAQUÍN
Recuerdo a un compañero discapacitado dependiente, que, en el proceso de aprobación de la ley 39/2006 --conocida como ley de la dependencia-- afirmaba que lo verdaderamente trascendental de la misma era que, a partir de entonces, podría exigirse que los tribunales de justicia obligasen a las Administraciones públicas a ejecutar los derechos de cada persona dependiente reconocidos en ella.
Ese aspecto de la mencionada ley se ha revelado ahora como martillo de herejes de las administraciones autónomas incumplidoras flagrantes, como la valenciana del Consell de Camps y Cotino. Han encontrado la horma de su zapato: la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia ha sentenciado que la Administración Camps actual debe reconocer el derecho de Pau, niño de 11 años afectado de parálisis cerebral, con efecto retroactivo al momento de registrar su solicitud en el 2007. Y con Pau, y en las mismas o parecidas condiciones, se les reconoce a todos aquellos que, sistemática y premeditadamente, denegaron Camps y Cotino.
Aquí, en nuestra provincia, son más de 5.000 los beneficiados con esa sentencia. Pero lo malo es que hay que exigir la retroactividad ante la justicia; y muchos ven eso como una montaña insalvable. La única solución sería que la Administración autónoma reconociese, de oficio, ese derecho a todos los afectados.
Pero esa buena voluntad política no la vamos a ver con estos gobernantes, autores del boicot a la ley y de todas las barreras normativas y administrativas puestas a los dependientes.
Esa voluntad de aplicar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal solo la podremos hallar en gobernantes que apuesten de verdad por la atención a esas personas. Y esos gobernantes son los mismos que llevaron la ley al Congreso, los socialistas.
El compromiso ya está lanzado: reconocimiento del derecho y ejecución de las prestaciones y/o los servicios en tiempo récord. Los socialistas se han comprometido -“si gobiernan desde mayo- a que ningún dependiente con derechos reconocidos se vea obligado a acudir a los jueces.
¡Ahí queda el reto!
Fuente : elperiodicomediterraneo.com/noticias
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