Aseguran que «120 residencias están en el punto de mira» después de «haber dado buen servicio durante los últimos 20 años».
Las empresas dicen que las inspecciones para el nuevo sello «dejarán fuera de la ley» a 7 de cada 10.
7 de cada 10 residencias asturianas no lograrán la acreditación necesaria para atender a beneficiarios de la Ley de la Dependencia.
Así lo aseguran las patronales geriátricas de la región -AARTE, Asacesema y Ascege- quienes han sido informadas «por los inspectores de que el 70% de las residencias no están pasando las inspecciones».
La información ha llegado a todas, pero es la presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, Teresa Rodríguez, quien la verbaliza «porque nos lo están diciendo a todos: que el 70% no pasará».
Según sus cifras, son «120 empresas las que están en el punto de mira», precisamente, afirma Rodríguez, «las que han dado un buen servicio a la región durante los últimos veinte años».
Porque, desde AARTE se tiene la teoría de que la nueva acreditación -que obliga, entre otras cosas, a tener cuatro profesionales por cada 10 usuarios, contar con diversidad de servicios, así como normas arquitectónicas y de diseño, ya que cada planta debe ser de un color diferente- «está hecha a la medida de las grandes residencias, sin tener en cuenta que la mayoría de los que llevan más de veinte años sacando las castañas del fuego al Principado son pequeñas empresas, con poco margen de maniobra».
Por ello, confía Rodríguez que la mano abierta ayer, a través de EL COMERCIO, por sus compañeros de sector, el presidente de Ascege, Jesús Kocina, y la de Asacesema, Ana Gil, quienes proponían una reunión a tres bandas «para aglutinar criterios», sea «una realidad, ya que llevamos años separados y lo cierto es que la unión hace la fuerza».
«Presionan a los usuarios»
El telón de fondo de esa coincidencia de intereses es la Ley de la Dependencia, de la que todos los empresarios repiten la misma consigna «la ley no es mala, sino que lo malo es cómo la están aplicando». Porque, aunque la acreditación o las normas que deben cumplir para recibirla, es su principal caballo de batalla -contra el que sólo ha actuado legalmente Asacesema, que la ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias- otros aspectos, como las prestaciones, también generan polémica.
Así, además de las quejas «por el reparto sin control de pagas a los familiares, que deben ser algo excepcional y que, sin embargo, en Asturias ya son el 50% de las prestaciones dadas», recuerda Teresa Rodríguez, la presidenta de AARTE suma «las presiones que están realizando sobre los usuarios para que utilicen plazas públicas o, en todo caso, concertadas».
Según afirmó, «cuando el beneficiario va a firmar su Plan Individual de Atención (PIA) y dice que quiere una plaza residencial, le indican que elija una pública o concertada o no firma el PIA».
Esa presión «va en contra de la ley y, realmente, de lo que el propio Principado defiende: la ley dice que lo que prima es la voluntad del usuario y, sin embargo, aquí el Principado quiere imponer su norma». Eso no ocurre, asegura, «cuando les acusamos de dar muchas pagas a familiares. Ahí nos dicen: 'el que manda es el usuario'. Nos toman el pelo».
Fuente : elcomerciodigital.com
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