La atención a la dependencia le cuesta un millón diario a la región
El servicio de gestión, el Sepad, reconoce fallos, y el impago de las prestaciones económicas desde enero
El Gobierno regional dedica cada día un millón de euros en atención a las personas dependientes, el servicio consagrado mediante una ley nacional que prometía crear muchos puestos de trabajo pero que se ha visto frustrada por la crisis económica, y la opción de los familiares que prefieren una prestación dineraria a recibir el servicio.
El cumplimiento de la ley se ha convertido en un quebradero de cabeza para Gobierno y comunidades autónomas, y los ritmos de valoración de los beneficiarios, y percepción de la ayuda, son menores de los anunciados.
El presupuesto para este año en la Comunidad es de 303 millones de euros, que puede ser ampliable en función de las necesidades, y de los que 63 se destinan al pago de prestaciones económicas, cifró ayer Juan Carlos Campón, gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Este año se han producido, reconoce Campón, retrasos en el pago de estas prestaciones debido a algunos «fallos internos» y por la falta de publicación a escala nacional de la actualización de precios correspondiente a 2010 hasta bien avanzado el mes de marzo.
A fecha de hoy, asegura el responsable del Sepad, los ciudadanos que percibían prestaciones a lo largo de 2009 están en proceso de cobrar enero, febrero, y algunos de ellos incluso marzo, y a lo largo de esta y de la próxima semana todos tendrán actualizados sus pagos correspondientes al primer trimestre y «normalizados a partir de abril».
Posteriormente se fijará la paga compensatoria que recupere el dinero que no han cobrado por falta de actualización de precios correspondientes a 2010.
No ha habido ningún problema de liquidez, sino organizativo y achacable al Sepad, sostiene Campón, que ha pedido disculpas a los afectados.
40.000 solicitudes
Desde que en mayo de 2007 se levantara la ventanilla de la Ley de Dependencia, en Extremadura se han presentado 38.563 solicitudes, un ritmo de un millar al mes.
La Comunidad es la séptima en tasa de peticiones, de cada 100 extremeños 3,1 pretenden acogerse a estas ayudas, una cifra que resulta lejana de Andalucía, región socieconómicamente equiparable a la extremeña y donde la tasa alcanza el 4,3 por ciento, muy por delante de País Vasco y Rioja con cifras empatadas de 3,7 por ciento.
Esto ya indica que la aplicación de la Ley de Dependencia es muy dispar y no está directamente relacionada con el envejecimiento o las posibilidades económicas de la población.
En cualquier caso Extremadura está por encima de lo que le 'corresponde' dentro del contexto nacional ya que los extremeños son sólo el 2,4 por ciento de la población española, pero su peso en reclamación de la dependencia es del 2,8.
El Sepad hizo ayer balance del trabajo hasta el momento. De las 38.563 solicitudes recibidas los técnicos de la Junta han valorado el 77 por ciento, 29.609, pero de éstas el 25 por ciento han sido rechazadas de manera que al final el derecho ha sido reconocido a 22.079.
Otra cosa es que se haya procedido efectivamente a la prestación, y ahí el total de beneficiarios es de 14.512 personas, que reciben 18.418 prestaciones ya que hay dependientes que tienen derecho a varios servicios, o a un servicio y una prestación económica.
En la actualidad hay expedientes de solicitud que tardan en resolverse más de seis meses y en algunos casos se ha llegado incluso al año y medio, pero la Junta tiene propósito de enmienda y promete poner al día todos los procedimientos y cumplir el plazo máximo de seis meses antes de que termine este año.
La Junta de Extremadura se compromete a «cumplir rigurosamente», antes de que termine este año, el plazo de seis meses como máximo para resolver todos los expedientes de solicitud de la Ley de Dependencia, tal y como establece el decreto 1/2009.
El director gerente del Sepad confía en que antes de que termine este año la Junta pueda organizar el proceso de valoración en un plazo máximo de tres meses y resolver el plan de cuidados del ciudadano en otros tres meses
Cristina Herrera, responsable de asuntos sociales y dependencia del PP, ve en todas estas palabras un reconocimiento explícito de las denuncias que los populares vienen haciendo desde hace 15 meses. «Lo achacan a que no está actualizada la prestación, pero podían haber adelantado las cantidades y después efectuar una asignación complementaria», se refiere a la falta de cobro.
Hay retrasos en los que esperan, y retrasos en los que ya tienen concedida la dependencia y que llevaban cuatro mese sin cobrar. Más de 3.000 personas que ya tenían concedido el derecho y recibían esa aportación, «han visto perjudicada su vida». Y junto a cada persona hay una familia entera en la que repercute el problema.
El papel «lo aguanta todo», pero desde 2007 en que se empezó aplicar la ley de Dependencia se han creado organismos como el SEPAD para agilizar la tramitación «que no han servido para nada bueno».
Como mínimo, exige Cristina Herrera, debería dimitir Juan Carlos Campón por «incompetente».
Fuente : hoy.es
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