MADRID - AGUIRRE: "SIN PRUEBAS, NO HAY DELITO"

Aguirre y la Ley de Dependencia: Sin pruebas no hay delito

Las triquiñuelas de la presidenta de la CAM están a la orden del día cuando se trata de la Ley de Dependencia.

La capital sigue en los últimos puestos a la hora de aplicar los procedimientos y los tiempos de espera son récord. Sin embargo la lideresa hace folletos publicitarios en los que manipula las cifras y elimina documentos para evitar denuncias.

Mientras la comunidad de Madrid mantiene su puesto de cola en lo que ayuda a la Dependencia se refiere, en otras comunidades autónomas como la catalana, aparecen sentencias en las que sí defienden los intereses de los pacientes.

Es el caso de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien ha reconocido a una persona dependiente su derecho a cobrar los atrasos de la ayuda que le corresponde desde el mismo día que entró en vigor la Ley de Dependencia (el 1 de enero de 2007), aunque la solicitud de la ayuda se presentó cinco meses después (el 29 de mayo del mismo año).

La sentencia se ha recurrido y la administración catalana se defiende y argumenta que hasta el mes de abril de 2007 no se estableció un baremo para fijar los grados de dependencia, por lo que no se podía evaluar a las víctimas. En los próximos meses se sabrá si la sentencia del TSJC es firme, sin embargo la importancia del caso es la posibilidad que tienen en otras comunidades autónomas de recurrir lo que no está bien hecho.

Volviendo a la Comunidad de Madrid, hay que reconocer que pese a los alarmantes retrasos de la puesta en marcha de la Ley, el principio de retroactividad siempre se ha contemplado en el procedimiento.

“Aquí el problema no es ése. Es cierto que Madrid lo contempla, sin embargo sólo se puede producir cuando la ayuda es una prestación económica, ya que una plaza en una residencia no se puede ofrecer de forma retroactiva. Son justamente las prestaciones económicas las que menos se ofrecen, con lo cual el principio de retroactividad que ampara la Ley apenas se aplica, porque saben que si lo tuvieran que aplicar bien tendrían una deuda inimaginable”, le cuenta a nuevatribuna.es la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid, Ana González.

Los malabares de Esperanza Aguirre a la hora de aplicar la Ley son el campo de batalla de sindicatos y de la oposición , quienes ejercen de vigilantes ante una aplicación que “se mueve en el terreno de la ambigüedad”, especifica González. Pero lo peor es que apenas hay documentación que pueda servir a los dependientes y a sus familiares para denunciar el trabajo mal hecho.

Hace seis meses este periódico se hacía eco de cómo la Comunidad de Madrid una vez que reconocía una solicitud con su respectivo grado de dependencia se lo comunicaba al enfermo por teléfono y no a través de ninguna carta o documento que lo certificara.

En esa ocasión Ana González explicó que era una fórmula para poder prolongar el plazo a la hora de darle la prestación o el servicio que necesitara: “Si el dependiente no tiene un papel con la fecha en la que dice que le dan la dependencia no puede denunciar en un juzgado que la Comunidad de Madrid ha superado el plazo para darle su prestación”. Sin pruebas no hay delito.

Actualmente a las llamadas telefónicas se le ha sumado una nueva triquiñuela, y es que hasta ahora el dependiente podía declarar en un papel que tipo de servicio preferiría recibir: “Ahora ese documento tampoco existe por lo que lo tienen muy difícil para demostrar qué tipo de ayuda habían solicitado”, señala González, quien insiste: “Las posibilidades de reclamar de los ciudadanos se ven muy limitadas”.

FALSOS DEPENDIENTES
La Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en el desarrollo de la norma. Es la última región en número de solicitudes registradas con una media del 1,12% frente al 2,69% nacional y la penúltima en dictámenes (personas valoradas), con un 1,10%, cuando la media nacional es de un 2,34%.

Según los últimos datos del mes de abril existen 71.629 personas registradas que han hecho la solicitud de dependencia. De este número hay un total de 70.291 que han sido dictaminadas (evaluadas), de las cuales sólo 51.257 podrían recibir en estos momentos la ayuda (la prestación de dependencia se está haciendo en función de los grados y en esta primera etapa sólo se ofrecen las prestaciones a los ‘gran dependientes’).

Del total que ya podrían recibir la ayuda, sólo la tienen 31.852 personas, por lo que el 40% de los ciudadanos que en estos momentos deberían gozar de una prestación, no pueden acceder a ella, pese haber realizado los pasos adecuados.

En este sentido, CCOO le exigió hace una semana a Esperanza Aguirre que respetara el plazo máximo de 6 meses que establece el Consejo de Territorialidad, en el que se obliga a que el procedimiento de solicitud de la prestación no exceda estos 6 meses. “Los procedimientos para ser valorado como dependiente y recibir las prestaciones en la región duran entre 12 y 18 meses”, nos cuenta Ana González.

Desde CCOO Madrid, su secretaria de Política Social e Igualdad, también solicitó a la Comunidad de Madrid que retirara “de inmediato” los folletos donde Aguirre presumía aplicación de Ley de Dependencia: “Publicitaba que más de 115.000 personas reciben teleasistencia, mientras que los datos oficiales señalan que son 1.457 las personas dependientes beneficiaras.

En cuanto a la ayuda a domicilio el panfleto afirmaba que la reciben más de 75.000 personas frente a las 2.936 oficiales y 45.000 plazas residenciales y centros de día cuando los datos oficiales registran 22.812 personas dependientes beneficiarias de estos servicios”, explica González, quien además recuerda que estos datos son de atención en el ámbito de servicios sociales y no de atención a la dependencia: “Son los mismos datos que el propio Gobierno publicó en el año 2007 lo que lleva a pensar que la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún esfuerzo extraordinario tal y como nos quiere hacer creer, más bien han utilizado datos de personas que ya eran atendidas en servicios sociales enmascarándolos como nuevos dependientes”.


Fuente : nuevatribuna.es