Plataforma Discapacidad: Gobierno canario gana dinero con la Ley Dependencia
En 2009, Canarias no aportó su parte correspondiente para financiar la aplicación de la Ley de Dependencia, según este colectivo, y además utilizó casi cuatro millones de euros del Estado para financiar servicios sociales con los que ya contaba, como residencias, de manera que ganó dinero a costa de las prestaciones.
La Plataforma Tenerife Discapacidad, que hoy presentó sus demandas ante la anunciada creación del Sistema Canario de Atención a la Dependencia (Sicad), señaló que de acuerdo con el observatorio la Agencia Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, la puntuación de Canarias en la aplicación de la Ley de Dependencia se sitúa en 0,5 puntos sobre 10, mientras que otras comunidades, como Cantabria, consiguen un 8.
En ese informe se advierte de que una tercera parte de la población española vive en comunidades autónomas en las que existe una falta de voluntad institucional de implantar el sistema.
También se señala que mientras algunas comunidades participan con un porcentaje próximo al 50 por ciento del coste real de las prestaciones y servicios que proporcionan, otras apenas llegan al 10 por ciento (Murcia y Baleares), e incluso una comunidad, Canarias, podría estar generando ingresos netos por la aportación estatal al no utilizarla para atención a personas en situación de dependencia.
El estudio indica que La Rioja y Cantabria aportan hasta 70 euros por habitante, mientras que en Murcia es de 5 euros, en Baleares de 4 y en Canarias "por cada persona en situación de dependencia que atiende, no sólo no realiza aportación alguna, sino que obtiene un superávit por el exceso de financiación estatal".
La Plataforma consideró indignante que ante datos objetivos de observadores independientes, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, repitan que la comunidad está a la cabeza en la atención a los dependientes y que las islas cuentan con un sistema de dependencia propio.
Si fuera cierto lo que dice el Gobierno de Canarias, ¿cómo se explica que CC y PP se nieguen en el Parlamento a que se realice una fiscalización de los gastos en la Ley de Dependencia?, preguntó Raúl Cordero, uno de los portavoces de la Plataforma.
Lo único que existe en las islas son los planes sociosanitarios de mayores y de atención a la discapacidad, cuya financiación ha sido congelada a la espera de que se desarrolle la Ley de Dependencia, según los representantes de la Plataforma.
Esos dos planes son servicios sociales previos a la Ley como los que tiene cualquier comunidad autónoma, no un sistema propio, "sólo faltaría que no hubiera nada", dijo Juan Carlos Griñón, uno de los portavoces de la Plataforma.
"Estamos temblando" ante la amenaza del Gobierno de Canarias de nuevos recortes en los servicios sociales. A la hora de recortar, ni la sanidad, ni la educación ni los servicios sociales pueden tocarse", dijo.
"Cuando tengamos los servicios sociales dotados, entonces podremos crear televisiones y cuerpos de policía", agregó.
Raúl Cordero consideró "imposible" que la aplicación plena de la Ley de Dependencia concluya en Canarias antes de 2015, como sostiene la consejera de Bienestar Social, porque su misma implantación ya sufrió un retraso de cinco meses en las islas.
Existe un retraso considerable en el desarrollo de la Ley, pero de lo que sí se ha ocupado el Gobierno canario es de aprobar un decreto que elimina la retroactividad de las prestaciones a cuidadores cuando sus familiares han fallecido esperando, señaló.
El retraso en Canarias se extiende a la creación del Sistema Canario de Atención a la Dependencia (Sicad), previsto en la Ley, ya que actualmente el Gobierno aún está negociando solamente con los cabildos y ni siquiera ha incorporado aún a los ayuntamientos, dijo.
Las organizaciones que atienden a los discapacitados exigen su participación en las negociaciones para elaborar el Sicad y denuncian que la congelación de los planes sociosanitarios de mayores y de atención a la discapacidad están causando "una enorme merma en las prestaciones".
Para la Plataforma, es imprescindible que el Gobierno de Canarias aporte cantidades superiores al 50 por ciento en la aplicación de la Ley de Dependencia a lo que está obligado (el otro 50 por ciento corresponde al Estado).
También consideran que la autonomía personal que proclama la Ley no se consigue orientando los recursos a un modelo residencial y de atención fuera del hogar como el que practica el Gobierno canario.
La Plataforma, que presentará sus demandas en todos los ayuntamientos de la isla para que se respalden en forma de moción, demanda también que no se valore sólo la movilidad o el desempeño de tareas, sino también la capacidad psíquica e intelectual a la hora de determinar la dependencia.
Acortar los plazos de resolución, que en Canarias pueden durar dos y hasta tres años frente a los seis meses previstos en la Ley, y eliminar el copago son otras de sus demandas.
Fuente : abc.es
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