ASTURIAS - MIL CASOS DE DEPENDENCIA AL MES

Mil casos de dependencia al mes

Tres años después de entrar en vigor, la ley que promueve la autonomía personal acumula 10.000 casos a la espera 36.000 asturianos solicitaron al Principado ser considerados dependientes desde 2007.

En Asturias, la dependencia va a 1.000 por mes. 36 meses después de aquel 23 de abril de 2007, cuando Asturias fue una de las primera comunidades en poner realmente en marcha la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se han recibido 36.262 peticiones de otras tantas personas que han solicitado que se certifique su grado y nivel de dependencia.

La cifra, que corresponde al registro histórico del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se ha visto reducida a 30.634, a fecha 1 de abril, momento en el que en Asturias había a la espera 10.909 personas: 6.771 para ser valoradas. 4.138, para una prestación.

Esas son algunas de las cifras de la conocida popularmente como Ley de la Dependencia, cuya fecha de entrada en vigor se marcó el 1 de enero de hace tres años, pero que, como queda dicho, no fue hasta el 23 de abril, cuando algunas comunidades decidieron poner en marcha la maquinaria del nuevo Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado para ser un clon del sistema de salud o del educativo. Es decir, que las personas con discapacidad o falta de autonomía tuvieran, por derecho, la atención que necesitaran.

Tres años después, y en los cuatro primeros meses del ejercicio, el de 2010, que la propia ley marcó como de obligatorio parón para examinar el funcionamiento del SAAD, lo que queda claro para todos, administraciones y administrados, es que la Ley de la Dependencia es dependiente... del dinero.

Porque la norma, que fija un calendario para su entrada en servicio, que concluye en 2015 -año en el que todas las personas, por leve grado de dependencia que tengan, deben estar atendidas- también marca los compromisos económicos de cada parte: gobiernos central y regional deben hacer frente, a partes iguales, al grueso del gasto.

Falta dinero

Sin embargo, Asturias ha puesto el acento en que, en este primer tercio del calendario de la ley, el Principado ha hecho frente al 70% del coste total, mientras que la Administración central, representada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, sólo aporta 2 de cada 5 euros a los que está obligada.

Ahora mismo, la batalla entre Principado y Ministerio está en que este último incremente la cantidad que paga a la región por cada tipo de dependiente. El aporte oscila entre los 267 y los 71 euros al mes para atender a una persona con el máxino nivel (grado III-2) y al mínimo ahora con derecho (grado II-1).

Incluso la cantidad más alta, los 267 euros, queda muy lejos del coste real de una plaza asistencial para una persona con total falta de autonomía: 2.000 euros. Al mes.

Faltan servicios

Pero la pelea no sólo se centra en el dinero. La rapidez en la gestión y los servicios ofrecidos, o la falta de ellos, son la principales quejas de los usuarios. Para superar los 10.000 asturianos a la espera, ya sea de valorar, ya de recibir su prestación, el Principado se justifica en el excesivo volumen de demanda, una disculpa que encuentra respaldo en el propio Libro Blanco de la Dependencia: El documento sobre el que se armó el esqueleto de la ley fija sólo en 6.000 los asturianos con total dependencia. La realidad es que ya están certificados 10.040.

En cuanto a los servicios, los usuarios «se sienten defraudados por la falta de asistentes personales, la figura en la que más confiaban los discapacitados más jóvenes», asegura Ana Díaz, responsable de Acción Social de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), mientras que las empresas geriátricas protestan «por el excesivo reparto de pagas a los cuidadores familiares». Unos y otros esperan en que este año de examen sirva para que la ley mejore baremo y reparto de servicios.

El 1 de enero de 2011 empezarán a entrar en el sistema las personas con menos dependencia. 2.194 asturianos ya saben que tienen derecho.

La Administración no sabe si tendrá fondos.

Fuente : elcomerciodigital.com