´La Ley de Dependencia prioriza los servicios antes que la paga familiar´
Inés Rojas dirige desde 2007 una de las consejerías claves del Gobierno regional por su proximidad al ciudadano. Gestiona asuntos tan sensibles como la ejecución de programas sociales en una comunidad cada vez más abrumada por el paro, las desigualdades y por el aumento de personas sin recursos. Optimizar la Ley de Dependencia es una de sus prioridades.
- Parece que la Ley de Dependencia no está cumpliendo con las expectativas. ¿Qué ha ocurrido?
- La desgracia ha sido que nace sin la financiación adecuada y, además, su entrada en vigor, en el 2007, coincide con una campaña electoral. En este contexto, la Ley no se explicó bien y se han generado falsas expectativas. No se dijo que la Ley no consistía sobre todo en una paga sino en un servicio. Tampoco se explicó que se iría desarrollando por fases y que de momento no tiene derecho a ella todo el mundo. Ahora más del 40 por ciento de los que presentan expedientes para solicitar los servicios no son dependientes severos -que son los que tienen prioridad-, por lo que nos vemos obligados a decirles que por su grado y nivel de dependencia le toca en 2014.
- ¿Canarias tiene una situación singular dentro del contexto español?
- Así es, desde el año 2000 Canarias dispone de su propio sistema de ayuda, con los mismos servicios que la nueva Ley que no contempla la parte sanitaria. Sin embargo, en Canarias tenemos desde el 2000 una atención sociosanitaria que queremos que se incorpore a la Ley de Dependencia. En nuestras residencias y centros de día se atiende a las personas si enferman, no se les traslada a un hospital. Este modelo, único en el país, queremos seguir defendiéndolo y así se lo hemos hecho llegar al Ministerio, que ha aceptado elaborar el Libro Blanco Sociosanitario para España. Este libro lo va a escribir Canarias con 10 años de experiencia.
- Las familias piden más plazas de atención a los mayores y dependientes.
- La Ley de Dependencia prioriza la asistencia por encima de la paga familiar, sin embargo no ha construido ningún servicio. Ni un centro de día ni una residencia para ponerlos a disposición de la Ley de Dependencia. El espíritu de la Ley es estimular la autonomía personal del enfermo y darle un servicio de calidad, y eso solo lo podemos hacer con profesionales en los centros de atención. Soy optimista porque se están poniendo las bases y los pilares para su desarrollo. Esta Ley es un calco de la alemana, que tardó 14 años en implantarse. España se ha impuesto como fecha tope 2015.
- Sigue habiendo mucha confusión y desconcierto, ¿por qué?
- La gente se desespera ante las expectativas que se le crearon y por las informaciones partidistas que le llegan. Si las cosas se explicaran con claridad no estaría siendo tan traumático el paso a la nueva normativa. La mayoría de las personas que nos solicitan ayuda por la ley de Dependencia, ya están recibiendo un servicio por el sistema canario del 2000. Cuando al ciudadano se le da lo que le corresponde por la ley de Dependencia, se sorprende, porque ya lo recibía; y lo que quiere es la paga familiar. Sin embargo, la prestación económica debe ser una excepción. Cuando lo explicamos, la gente prefiere llevarse a su familiar, lo retira del centro para cuidarlos en el hogar. Nosotros sospechamos que las circunstancias que generan la crisis hace que las familias prefieran la ayuda económica y nosotros debemos corregir esta circunstancias, y evitar de este modo que la ley pierda el espíritu por la que se creó, que es que el paciente recibe el trato profesional y de calidad en el centro.
- El PSC dijo hace unos días que más de 1.500 personas en Canarias, grandes dependientes, fallecieron mientras esperaban una ayuda. ¿Qué dice a esto?
- Se tarda mucho, es cierto, una media de año y medio. El Consejo Territorial de la Dependencia trata de corregir esta demora. Lo que ha ocurrido es que en principio todo el mundo tiene derecho a solicitar la ayuda, aunque de momento no le corresponda, y esto provoca un atasco administrativo. Se están tomando medidas para agilizar los trámites y el volumen de expedientes para cribar más las solicitudes y dar paso a las personas que por ley tengan máxima prioridad. Y además informar que la Ley está escrita así.
- ¿Qué pasa cuando alguien fallece mientras está en trámite su expediente?
- La Ley no contempló esta circunstancia y todas las comunidades hemos pedido al Ministerio que resuelva cuanto antes esa carencia y sabemos que ya hay un borrador para contemplar estos casos. De cualquier forma, hay que destacar que nadie se muere esperando la Ley de Dependencia. Afortunadamente, son muy poquitas las personas dependientes o mayores que no están recibiendo algún servicio en las Islas bien sea ayuda a domicilio, teleasistencia. Siempre digo que se han muerto sin saber que ese mismo servicio que recibían era el mismo que les iba a dar la Ley de Dependencia.
- ¿Cuántas personas que tienen la ayuda reconocida la están esperando? ¿Y cuántas aguardan a ser evaluadas?
- La ayuda monetaria y el servicio se dan en función de la capacidad económica y patrimonio del dependiente. Al rededor de 30.000 personas han solicitado incorporarse a la Ley de Dependencia en Canarias y 29.000 han sido ya valoradas. Cerca de 20.000 ya tienen la resolución, su expediente está culminado a la espera de otorgarle un servicio o bien informarle que de momento no le corresponde. Actualmente tenemos 7.700 personas recibiendo los servicios directos de la Ley de Dependencia. En el año y medio que llevamos trabajando cabildos y Gobierno para estructurar el nuevo sistema en Canarias nos hemos dado cuenta que la misma gente que ha solicitado plaza de residencia en el Cabildo también la ha solicitado por la Ley, por lo tanto contamos con dos listas de espera.
- La ley se redactó en un momento de superávit, pero ahora con la crisis, ¿habrá más recortes en las ayudas?
- Hay recortes ahora por parte del Estado. Éste todavía no colabora con el 50% que es lo que le corresponde por ley, sólo nos financia un 20 por ciento frente al 80 que aporta la Comunidad Autónoma de Canarias.
Fuente : laprovincia.es
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