La dependencia menos severa debe esperar hasta un momento mejor"
ENTREVISTA ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
La obligación de las autonomías de recortar 10.000 millones de gastos ha abierto el debate sobre dónde aplicar los recortes y si estos pueden afectar al Estado de bienestar. El presidente de Galicia acaba de dar un tijeretazo a 46 entes públicos de Fraga y propone esa austeridad como modelo. Y congelar la dependencia
Celebra su primer año en la Xunta con los alcaldes llamando a su puerta para exigir más financiación y un mandato del Gobierno para que recorte su presupuesto en 200 millones de euros. Alberto Núñez Feijóo, 49 años, rememora su gestión al frente del Insalud y receta "austeridad y eficiencia" a las Administraciones. Recrimina al Gobierno central que no pague su parte de la ayuda a los dependientes y al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, su negativa a recortar vicepresidencias, ministerios y gasto corriente.
Pregunta. El Gobierno recorta el gasto de las autonomías en 10.000 millones. ¿Tienen margen para no precarizar servicios?
Respuesta. Es difícil de entender. El año pasado el Gobierno buscó un acuerdo de financiación porque aceptaba que las autonomías teníamos un déficit de fondos para mantener servicios públicos y tres meses después recorta esos fondos adicionales. Estoy a favor de controlar el gasto público, Galicia ha cumplido con la ley de estabilidad presupuestaria, pero estoy en contra de la improvisación permanente en la financiación autonómica. Se precisan medidas estructurales
P. ¿Cuáles reclama?
R. Las de cualquier país sensato: priorizar objetivos, dejar de gastar lo prescindible, e invertir en lo imprescindible. No hay Estado de bienestar si el país no funciona económicamente. El déficit público sin fondo es el mayor ataque al Estado de bienestar. Deberían consultarnos qué hacer con la política farmacéutica que es el 30% del gasto sanitario, lo que ha hecho el ministerio es una buena idea que se quedó corta, no soluciona las tensiones de 12.000 millones de euros que tiene el sistema sanitario.
P. Lamenta cada día que no tiene fondos para dependencia.
R. El Gobierno hizo la ley y se olvidó de financiarla. En Galicia, donde un 23% de la población tiene más de 65 años, el 70% de ayudas las paga la Xunta, cuando debería repartirse al 50%. El Estado deja de transferirnos 200 millones al año. Hemos inventado el cuarto pilar del bienestar sin tener garantizados los otros tres. La ley buscó un fin loable pero está mal hecha. ¿Por qué nadie dice que hay que priorizar los grandes dependientes y los que sufren dependencia severa? Hay que buscar una moratoria para los demás y esperar a un mejor momento económico. No se nos puede obligar a pagar a familiares de los que han muerto. Habrá que atender antes a los vivos.
P. ¿Se resentirán los servicios públicos con este nuevo recorte?
R. Hemos de ser más eficientes con el dinero público. En Galicia lo intentamos, en un año tenemos menos conselleiros, como debería haber menos ministros, y la mitad de altos cargos que además cobran un 3% menos, algo que debería ser aplicable al Estado, hay menos personal de confianza y vamos a suprimir o integrar dos de cada tres organismos públicos. Cuando el Estado adelgaza le está mandando un mensaje a la ciudadanía.
P. ¿Puede adelgazar sin que lo sufra el ciudadano?
R. Que no haya tres vicepresidencias y ministerios sin competencias no reduce la prestación de servicios públicos.
P. Las fórmulas mixtas, cuando no privatizaciones de la Sanidad, ¿no precarizan el servicio?
R. Hay dos tipos de gestión: la buena o la mala. Si la titularidad y la prestación son públicas, el servicio también lo es. En Ibiza se hacen hospitales con la fórmula de pago aplazado y es una apuesta por la sanidad, si lo hace el PP en Galicia es privatización. En Cataluña hay un enorme porcentaje de sanidad concertada, la mayoría de la educación en Euskadi es concertada. Cada uno debe elegir su modelo, no se debe criminalizar ninguno. Concertar no es privatizar. Privatizar es decirle al ciudadano que la sanidad pública no lo va a atender.
P. Se queja de que el Congreso legisla sin tener en cuenta a las comunidades que deben cofinanciar el coste de sus leyes.
R. El Estado se quedó las políticas inversoras, salvo en lo que se refiere al Ministerio del Interior, y nos ha transferido a las comunidades las políticas de gasto. No tiene sentido que cuando una ley se aprueba y contiene obligaciones para las autonomías, no se pacte antes. Pido al menos que se nos financie, no puede ser que yo legisle y tú pagues.
P. ¿Tiene sentido que las comunidades pidan más fondos mientras bajan impuestos?
R. Las comunidades tenemos una serie de competencias fiscales y el Gobierno no nos financia esa bajada de nuestros tributos. Sucede al contrario, desde el año 2002 a 2009 las bajadas de impuestos le han supuesto a la Xunta más de 1.250 millones de euros de pérdida de ingresos. De eso la comunidad no es responsable.
P. Pero sí lo es de bajar sus propios impuestos.
R. Las comunidades tienen una cesta de impuestos concretos y con ellos muchas veces se reactiva la actividad económica. No es cierto que bajando impuestos se recaude menos.
P. ¿Es razonable que las comunidades sigan haciéndose competencia fiscal unas a otras?
R. Es cierto que hay comunidades con sistemas forales que pueden generar tensiones con otras limítrofes. Debería haber un pacto para no perjudicarnos unas a otras pero insisto en que lo que más tensiona los presupuestos son los servicios que no financia el Estado.
P. Algunas voces piden recentralizar competencias y acusan a las autonomías de despilfarro.
R. Hay 17 autonomías y miles de ayuntamientos, unos bien gestionados y otros no. Ese discurso es simplista, la mala gestión se cambia en las urnas. Mientras la Xunta ahorraba un 47% en el parque móvil, el Gobierno creaba la tercera vicepresidencia.
P. Hay diputaciones del PP con plantillas desorbitadas...
R. Todos debemos tomar ejemplo, el primero, yo. Hay que adelgazar las administraciones.
P. ¿Sobran funcionarios?
R. Las administraciones muchas veces contratamos empresas porque no somos capaces de buscar la rentabilidad del empleado público. El capítulo de personal de las empresas públicas está hinchado. El sueldo de los funcionarios subió en los últimos años el triple del IPC. Es el momento de pedirles solidaridad.
Fuente : elpais.com
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