PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL OBSERVATORIO

Presentación del dictamen del observatorio de la Dependencia

El Observatorio para la Dependencia sitúa a Castilla-La Mancha entre las cuatro regiones más efectivas en el desarrollo de esta normativa, junto a La Rioja, País Vasco y Andalucía

Castilla-La Mancha se encuentra entre las cuatro primeras comunidades autónomas en la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, según se desprende del IV dictamen elaborado por el Observatorio para la Dependencia, que el presidente del mismo, y a su vez vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Ángel Parreño, dio a conocer ayer junto al presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, y la representante regional, Elena García Alonso.

Castilla-La Mancha obtiene en la escala de valoración efectuada en el estudio sobre la implantación y el desarrollo de la Ley en las Comunidades Autónomas una de las máximas puntuaciones, 8 puntos, junto a Andalucía, País Vasco y La Rioja.

Ángel Parreño indicó que se trataba del cuarto informe elaborado por el Observatorio para la Dependencia, que se creó en 2006 en Alcázar de San Juan con la preocupación de llevar a cabo el seguimiento de aplicación de la citada ley.

«Decidimos con la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales crear este observatorio para poder valorar cómo se desarrollaba aquello que entonces era un borrador», señaló el vicepresidente de la Diputación, informando que desde entonces se han elaborado cuatro dictámenes sobre la evolución de su aplicación y desarrollo en las distintas comunidades autónomas.

Por su parte, Elena García, representante regional de la asociación, mostró la «satisfacción general» que se vive por el grado de cumplimiento de la Ley en Castilla-La Mancha, matizando que todavía hay que seguir mejorando, «sobre todo en lo relacionado con los plazos, ya que desde que una persona hace su solicitud hasta que se le concede el grado de dependencia pueden transcurrir del orden de cinco o seis meses».

En líneas generales, señaló que la implantación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha es producto de una política social muy relacionada con la protección de las personas.

«Estamos presionando para que se implanten más servicios y que estos servicios tengan una cara más amable, dado que generan empleo, asignatura pendiente en la implantación de la ley», añadió. José Manuel Ramírez, profundizando en datos referidos a Castilla-La Mancha, facilitados por el Imserso a fecha 1 de abril, destacó que se han producido 73.743 solicitudes, de las que se han dictaminado 63.574, quedando pendientes poco más de 10.000 personas por dictaminar.

En este sentido, indicó que 42.558 tienen reconocido el derecho de prestación de servicios y 29.931 son beneficiarias de algún tipo de prestación. Lo que aporta esta comunidad para la dependencia son 40 euros anuales por habitante y año, cuando la media española está en 30 euros.

«El volumen de gestión de Castilla-La Mancha es notable y debe mejorar fundamentalmente en agilizar los procedimientos. No obstante está en el camino, ya que en con la aprobación del último decreto se intenta resolver en un único acto administrativo la valoración y la resolución», comentó.

Finalmente, y ante las noticias de un posible recorte presupuestario de la Ley de Dependencia, Ramírez desmintió este extremo y subrayó que no se pueden recortar los derechos reconocidos en una ley, puesto que el único organismo competente para hacerlo es el Parlamento Español.

En este sentido, entre los objetivos que hay que conseguir es que la Ley de la Dependencia garantice la mejora de la calidad de vida de las 500.000 personas que reciben la ayuda, que se garantice la generación de empleo, que se calcula en más de 300.000 puestos de trabajo, y que se avance en la investigación de las nuevas tecnologías y las ayudas técnicas para una convivencia positiva

Fuente : latribunadeciudadreal.net